ARTICULO DE PRENSA SOBRE ESTE JUICIO
«…El juicio de Curazao podrá correr con la misma suerte que el de Estados Unidos. Fuentes oficiales informaron que los funcionarios de Fogade han hecho hasta lo imposible por tratar de localizar pruebas de deudas que mantengan Gómez López y su esposa con el Latino para respaldar la acusación de presuntos daños contra la institución financiera y sus depositantes, pero hasta la fecha la búsqueda ha sido infructuosa…»
ECONOMÍA – 28 DE JUNIO 1998 – EL NACIONAL
Ante fracaso de juicios y posibles contra demandas
Gobierno reactivó negociaciones con Gustavo Gómez López
La República está a punto de perder un juicio por un millardo de dólares que introdujeron en Curazao los abogados de la ex junta interventora del Banco Latino contra el ex presidente de esa institución y su esposa
Fuentes oficiales informaron que los funcionarios de Fogade han hecho hasta lo imposible por tratar de localizar pruebas de deudas que mantengan Gómez López y su esposa con el Latino para respaldar la acusación de presuntos daños contra la institución financiera y sus depositantes, pero hasta la fecha la búsqueda ha sido infructuosa.
FABIOLA SANCHEZ
La decisión del juez federal estadounidense Wilkie Fergunson le cambió el juego al Gobierno. La línea dura que había adoptado el Ejecutivo en marzo frente a los ex banqueros que protagonizaron la crisis financiera de 1994-1995 sufrió un fuerte resquebrajamiento el pasado 18 de junio, cuando el juez Fergunson, de la Corte de Dade, en Miami, determinó que los tribunales de Estados Unidos no son competentes para conocer la demanda que entabló la República contra los ex directivos del Banco Latino.
Esta decisión echó por tierra un largo proceso judicial que le había implicado al Gobierno venezolano, en especial al Banco Latino de Venezuela y al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, el pago de honorarios profesionales al bufete Ginsburrg, Feldman and Bress y otros abogados, durante tres años, por más de 7 millones de dólares.
A Esther de Margulis, presidenta de Fogade, y Juan Nepomuceno Garrido, procurador general de la República, les toca ahora recoger los platos rotos y retomar de nuevo las negociaciones con los ex banqueros.
El Gobierno sólo cuenta en este momento con un as en su poder para sentarse a negociar. Se trata de los procesos masivos de extradiciones que se están siguiendo en Estados Unidos, España e Israel.
A menos de 24 horas de conocerse el fracaso del proceso judicial de Miami, Margulis se comunicó con los apoderados legales de Gustavo Gómez López, ex presidente del Banco Latino, y reactivó las conversaciones.
Fuentes vinculadas con el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria precisaron que entre el 19 y el 24 junio hubo un gran movimiento en la Consultoría Jurídica del organismo y en la Procuraduría General de la República, puesto que otra de las demandas que entablaron los abogados de la ex junta interventora del Latino, dirigida por Gustavo Roosen, estaba a punto de vencer.
Los representantes legales del interventor introdujeron en 1995 una demanda por un millardo de dólares (550 millardos de bolívares) en los tribunales de Curazao contra Gómez López y su esposa Claudia Febres Cordero de Gómez.
El proceso judicial en la isla caribeña estaba paralizado desde hacía más de seis meses y las autoridades de las antillas neerlandesas estaban a punto de ejecutar la fianza del juicio, que alcanzaba 100.000 dólares (55 millones de bolívares).
Los abogados de Fogade debieron movilizarse rápidamente hacia Curazao para introducir un nuevo escrito y garantizar con ello que la República de Venezuela seguirá adelante con el proceso.
Ante la magnitud de la demanda, que ha sido calificada por los representantes legales de Fogade como «una copia del fracasado juicio de Miami», las autoridades de la isla de Curazao están considerando la posibilidad de exigir al Fondo de Garantía el pago de costas procesales equivalentes a 1,6% del monto de la demanda, con lo cual la República se vería obligada a desembolsar cerca de 8,8 millardos de bolívares.
En el supuesto de que el Gobierno no salga vencedor en el juicio, podría ser contrademandado por Gómez López y su esposa por daños y perjuicios. La cuantía de la demanda podría alcanzar un monto similar. Margulis conoce esta situación y está tratando de negociar un arreglo extrajudicial con el ex banquero que proteja a la República de una demanda por un millardo de dólares.
Sin sorpresas
Algunos funcionarios vinculados con estas negociaciones dijeron a El Nacional que la opinión emitida por el juez Fergunson no sorprendió a nadie en el Gobierno porque se sabía de antemano que el juicio contra los ex directivos del Latino «estaba perdido porque no había suficientes pruebas que sustentaran la demanda en Estados Unidos».
¿Por qué se cayó el juicio? Tal como lo reconoció el juez federal, los tribunales estadounidenses no pueden decidir sobre delitos que se cometieron en territorio venezolano. La demanda que introdujeron el 19 de junio de 1995 los abogados de los ex interventores del Latino expresamente señalaba que la República aspiraba el resarcimiento de un “millonario fraude” que presuntamente cometieron los ex administradores del Latino en perjuicio de los depositantes.
Para tratar de mantener el juicio en Estados Unidos, los representantes del bufete Ginsburrg, Feldman and Bress agregaron un capítulo (VI) a la demanda en que se planteaban presuntos perjuicios contra los depositantes del Banco Latino Internacional de Miami.
Tal como lo sabían desde 1995 los abogados de la ex junta interventora del Latino, el único capítulo que aceptaron los tribunales estadounidenses fue el referido a la filial financiera de Miami. Los restantes tres capítulos (V, VII y VIII), relativos a los presuntos fraudes que se cometieron en el Banco Latino de Venezuela, deberán ser considerados por los tribunales venezolanos.
El juicio de Curazao podrá correr con la misma suerte que el de Estados Unidos. Fuentes oficiales informaron que los funcionarios de Fogade han hecho hasta lo imposible por tratar de localizar pruebas de deudas que mantengan Gómez López y su esposa con el Latino para respaldar la acusación de presuntos daños contra la institución financiera y sus depositantes, pero hasta la fecha la búsqueda ha sido infructuosa.
Los representantes legales del Fondo y la Procuraduría les han recomendado a Margulis y Garrido que negocien un rápido acuerdo de pago con los ex banqueros, ya que, de lo contrario, la cercanía del proceso electoral podría «trancar» los arreglos y expondría a la República a contrademandas millonarias y a gastos procesales de los que sólo saldrán beneficiados los abogados, tal como lo han demostrado los hechos.