Por denuncias graves suspendieron a 83 jueces en todo el país.
Mientras la jueza que condenó injustamente en Primera Instancia, a los administradores privados del Banco Latino (Maria Inmaculada Pérez Dupuy), es suspendida por cargos de corrupción, una de las Juezas que suscribió la sentencia absolutoria (Maria Eugenia Oporto), es reivindicada, pues las acusaciones en su contra fueron infundadas.
EL NACIONAL – JUEVES 30 DE MARZO DE 2000
POLÍTICA
Descubrieron que una jueza nunca estudió derecho
Por denuncias graves suspendieron a 83 jueces en todo el país
Trece de los afectados laboraban en el estado Vargas, donde se detectaron irregularidades que hacen presumir la penetración del Poder Judicial por el narcotráfico e incluso varios de ellos habían sido denunciados por Carlos Tablante cuando era presidente de la Conacuid
WILLMER POLEO ZERPA
Otros 83 jueces y/o funcionarios judiciales fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos, como medida cautelar, por los integrantes de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, debido a la gravedad de las denuncias formuladas en su contra. Igualmente se anunció la ratificación de la medida de destitución en contra de otros 41 funcionarios encargados de impartir justicia, a quienes se les habría comprobado su participación en los hechos que le fueron imputados.
El ex constituyente Manuel Quijada, presidente de citada comisión, dijo que en un plazo de 8 días intentarán llenar los vacíos generados en los diversos tribunales del país. Al ser consultado sobre si esta decisión no paralizaba la justicia en el país, refirió que ésta estuvo interferida durante más de 40 años por efectos de la grave corrupción en el Poder Judicial.
11 de los jueces afectados laboraban en Caracas y 13 en el estado Vargas. Con respecto a este último estado, dijo que habían detectado irregularidades gravísimas de corrupción e incluso actividades que vinculaban al Poder Judicial con el narcotráfico.
Entre los jueces de Vargas destituidos figuran Evelina del Carmen D’Apollo, presidenta de la Asociación de jueces de Vargas y vinculada al partido Acción Democrática; Saúl Ron Brasch, juez presidente del circuito judicial e integrante de la Corte de Apelaciones; Anicia Marcano de Sotillo, Belinda Magallanes y Lilian Quevada, quienes hace varios años fueron denunciadas por Carlos Tablante, para entonces presidente de la Conacuid, por su presunta vinculación con el narcotráfico; Jesús Ollarves, un joven abogado recién designado juez en el estado; y Lilian Castillo, quien había sido destituida y posteriormente reenganchada.
De los jueces de Caracas los más conocidos son María Inmaculada Pérez Dupuy y Patricia Manzur. Esta última conoció del caso de una denuncia por difamación contra los periodistas Ben Ami Fihman y Faitha Nahmens y ordenó el uso de la fuerza pública para que comparecieran ante el tribunal, pese a que no habían sido notificados de manera oficial.
Por otra parte, Manuel Quijada anunció la reincorporación en su cargo de la jueza María Eugenia de Oporto, destituida hace algunos meses por presunta corrupción, debido a que, según señaló, se dejaron llevar por un informe de la Superintendencia de Bancos que reseñaba depósitos mensuales millonarios en sus cuentas bancarias, pero la jueza demostró que los abonos correspondían a la repartición de una herencia y a las ganancias generadas por un dinero que tiene depositado a plazo fijo.
Seis días de infiltrada
La Comisión que preside Manuel Quijada publicó un aviso en el que convocaba a los abogados del país que estuviesen interesados en suplir las vacantes dejadas por los jueces suspendidos o destituidos a presentar su currículum y sus documentos para su posterior estudio. Una mujer que dijo llamarse Sonia Villamizar se presentó y consignó original y copia de los recaudos exigidos. Destacaba no sólo que había egresado de la Escuela de Derecho de la UCV, sino que había realizado un postgrado en la Universidad Santa María y había impartido clases en varios institutos educativos.
La mujer logró convencer a los integrantes de la Comisión, pero nunca imaginó que la lista de los candidatos sería publicada, a fin de que la comunidad pudiera hacer objeciones. Pasaron los 8 días correspondientes y el 22 de marzo Sonia Villamizar tomó posesión del Juzgado Décimo de Municipio de Caracas. Ese mismo día se recibieron varias llamadas anónimas en las que se informó que no era abogada. La Inspectoría de Tribunales abrió la averiguación correspondiente y corroboró que los documentos presentados habían sido forjados.
En sesión plenaria del 28 de marzo, la comisión decidió revocar el nombramiento y comunicó de la novedad al fiscal general para el estudio de las sanciones correspondientes.
En el año 1993 hubo un escándalo similar con una persona que incluso llegó a ser consultor jurídico del Consejo de la Judicatura y que resultó que no era abogado.