OFICIO del Banco Central de Venezuela al Presidente de la República - 1 de Diciembre de 1993

Ruth de Krivoy notifica al Presidente de la República sobre ciertas «limitaciones» del BCV, que sólo aplicaron para el CASO LATINO. Posteriormente, ante el Contralor General de la Republica, justificó las actuaciones del Instituto a favor del resto de los bancos en crisis, precisamente, en la amplias e ilimitadas facultades que le otorga la Ley del BCV, para «salvaguardar la estabilidad financiera y la continuidad del sistema de pagos». Un doble standard que nunca podrá ser justificado racionalmente.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Caracas 1010, VENEZUELA

1 de Diciembre de 1993

Ciudadano

Ramón J. Velásquez

Presidente de la Republica

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

La presente tiene por objeto elevar a su conocimiento algunos aspectos de la situación bancaria nacional que, por su singular relevancia, exigen ser atendidos a la brevedad, para minimizar potenciales costos económicos y sociales y cargar directas al Estado.

Pese a la difícil coyuntura económica y financiera de los últimos dos años, la mayoría de las instituciones bancarias presenta un desenvolvimiento satisfactorio en sus operaciones. No obstante, existen algunas de ellas con debilidades que afectan su normal funcionamiento y, por extensión, el del sistema financiero. Este problema fue planteado en reiteradas oportunidades por este Instituto al Gobierno Nacional; su reciente intensificación nos mueve a llamar su atención, por cuento exige soluciones efectivas y oportunas.

I. La tercera semana del mes de noviembre de 1992, el Banco Central de Venezuela, puso a disposición del Ejecutivo Nacional los resultados de sus estudios sobre las condiciones de solvencia y rentabilidad del sistema, en el cual se clasificaban los grupos bancarios según su mayor o menor riesgo, a propósito de lo cual se le hizo al Ministro de Hacienda y al Superintendente de Bancos una exposición detallada sobre la materia. La referida exposición también fue presentada al Directorio del Instituto, en el cual participaban para aquel momento tres miembros del Gabinete ejecutivo.

A fines de abril de 1993, se actualizaron esos estudios, incorporando nuevas informaciones; por mostrar un deterioro respecto a la situación inicialmente identificada, el Directorio del Instituto acordó que sus resultados fueran nuevamente expuestos en forma detallada al Ministro de Hacienda y al Superintendente de Bancos, como en efecto ocurrió el 5 de mayo de este año.

En comunicación al Despacho de Hacienda, del 19 de mayo, se ratificaron las principales debilidades detectadas y se planteo la necesidad inmediata de instrumentar políticas correctivas, debidamente coordinadas, dentro de un marco de acción mancomunada, en el cual el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, Fogade y el Instituto Emisor, tuvieran claramente definidos sus campos de actuación y responsabilidad.

Igualmente, al iniciar su gestión el actual Ministro de Hacienda, en las reuniones realizadas para el tratamiento de materias de interés común a su Despacho y a este Instituto, me permití informarle sobre la situación bancaria y sobre la necesidad de que la Superintendencia de Bancos adoptara las medidas preventivas que fueran aconsejables.

Ha transcurrido así un año que pudiera haber sido mejor aprovechado para introducir, sin traumas, medidas de ajuste progresivo en cada uno de los entes afectados bajo una acción mancomunada.

II. En las últimas dos semanas, el sistema bancario ha confrontado problemas de liquidez que tienen su origen en factores de índole estacional, agravados por el alto nivel de compras de divisas, todo ello en un ambiente condicionado por la actual coyuntura política. En esas circunstancias, la situación del grupo de bancos con debilidades ha alcanzado, en la mayoría de los casos, considerables proporciones.

La aguda crisis de liquidez se ha concentrado principalmente, hasta este momento, en un grupo de siete bancos comerciales, los cuales han venido registrando resultados fuertemente adversos en las compensaciones diarias de cheques, con saldos sistemáticamente crecientes desde el 15 de noviembre. La compensación efectuada el día de hoy alcanzó para el conjunto de estos bancos un saldo adverso de Bs. 17.657 millones.

En virtud de tales resultados negativos, tres de estos bancos presentaban al 30-11-93 insuficiencias de encaje por Bs. 8.759 millones y cinco se han visto en la necesidad de recurrir a la asistencia crediticia del Banco Central, presentando en conjunto un saldo deudor de Bs. 24.870 millones a la misma fecha.

En principio, la utilización de la asistencia financiera del Instituto Emisor como prestamista de ultima instancia constituye una operación normal dentro de las actividades de un banco comercial y, por lo tanto, no debe atribuírsele connotaciones negativas. Sin embargo, la situación es otra cuando un banco acusa debilidades y su saldo deudor con el Banco Central crece muy aceleradamente, sin que existan indicios de que se están haciendo esfuerzos suficientes para fortalecer su capacidad de pago.

Atendiendo las difíciles circunstancias, en el mes de noviembre el Banco Central ha brindado asistencia financiera a la banca con base en un programa que procura garantizar el normal funcionamiento del sistema bancario y del sistema de pagos, lo cual constituye una responsabilidad expresamente consagrada en su Ley, y sin que ello comprometa la ejecución de su programa monetario. No obstante, es necesario destacar que la misma Ley limita el ámbito de las actividades crediticias del Instituto a la cobertura de deficiencias transitorias de liquidez y le impide otorgar financiamientos para poder resolver problemas de carácter estructural, los cuales corresponden ser atendidos por Fogade.

III. En vista de las consideraciones precedentes, el Instituto que presido ha estimado conveniente reiterar al Ejecutivo Nacional la perentoria necesidad de que se formulen y ejecuten planes coordinados, dirigidos tanto a corregir las debilidades existentes y reducir la vulnerabilidad de estos bancos frente a crisis de liquidez, como a garantizar la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro del publico. Esta política preventiva debe evitar el agravamiento de un problema que pudiera terminar siendo más costoso que traumático, tanto para el publico como para el Estado. En dichos planes debe haber una asignación expresa de las responsabilidades que le corresponde cumplir a cada uno de los despachos y entes involucrados, especialmente al Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y Fogade.

Es propicia la ocasión para manifestarle la mejor disposición del Instituto a prestar la mas amplia colaboración, a los fines de la elaboración y puesta en marcha de dichos planes.

Atentamente

Ruth de Krivoy