"LAS MIGRACIONES" OTRO EPISODIO INTERESANTE EN EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO QUE DEJARON LOS ADMINISTRADORES PRIVADOS EN EL BANCO LATINO.

Increíble, pero cierto. Gustavo Roosen y sus «competentísimos» directores del Banco Latino intervenido ordenaros esta transacción: «..de manera irresponsable y absurda, reveladora de una obvia incompetencia, ordenaron y así se ejecutó por las juntas directivas o interventoras de los bancos receptores de dichos depósitos, la transferencia de pasivos sin que se transfirieran los correspondientes activos. Esta transacción ha arruinado la posibilidad de rehabilitación del banco latino..»

RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA INTERVENTORA.

Pero, la irresponsabilidad, la incoherencia y la incompetencia continúan. En enero del año en curso, la Junta de Emergencia Financiera acordó la migración de depósito de los bancos: Progreso, Principal y Profesional a los restantes bancos estatizados y al Banco Industrial de Venezuela.

De manera irresponsable y absurda, reveladora de una obvia incompetencia, ordenaron y así se ejecutó por las Juntas Directivas o interventoras de los bancos receptores de dichos depósitos, la transferencia de pasivos sin que se transfirieran los correspondientes activos. Esta transacción ha arruinado la posibilidad de rehabilitación del Banco Latino.

Las instituciones financieras receptoras de las «migraciones» vieron crecer sus pasivos generadores de tasa de interés pasivas, sin una contrapartida en el activo. Con ello, se causaron pérdidas y dificultades para la formación de los estados financieros. Esto sin embargo, se solucionó como por arte de magia, al permitírsele a dichos bancos contabilizar en el activo una simple carta compromiso de FOGADE, recibida, coincidencialmente, el 30 de junio fecha de cierre de balance semestral.

Además, el mecanismo contempló un pago parcial, realizado en el mes de julio, es decir, 30 días después de la fecha de cierre del semestre. En una palabra, se permitió compensar las pérdidas incurridas durante el primer semestre en forma retroactiva !

¿No es esto un maquillaje financiero? ¿No son los balances, preparados en base a estos artificios, falsos y su publicación sujeta a investigación criminal? . ¿Son estos nuevos funcionarios, los miembros de la Junta de Emergencia Financiera y directivos de los Bancos estatizados inmunes a las responsabilidades previstas en la Legislación vigente? ¿No hay aquí un trato preferente para ellos y discriminatorio para . otros? Las respuestas resultan evidentes. Por ello solicito a ese despacho la investigación detallada de estos hechos punibles.

Para concluir, en fecha reciente el doctor Gustavo Rossen, ahora miembro de la Junta Directiva del Banco Latino, anunció a los bancos estatizados que se les eximiría de la obligación de constituir el encaje legal y no les serían aplicable las normas relativas a la relación de activo a patrimonio exigibles a los restantes. Es decir, estas directivas, además de haber recibido sin limitación alguna, todo el dinero que pidieron para recapitalizar sus bancos, ; tendrán, en adición, un tratamiento preferencial inusitado. Qué excusa podrán dar si fracasan en su administración ?

LA DESTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS DEL GRUPO LATINO.

Las inconsistencias en el caso del Latino no terminan con su cierre intempestivo, su posterior intervención y cierre por casi tres meses, lo que creó en la clientela del banco y la población en general un desasosiego, que generó justificadas reacciones agrias y hasta violentas. El proceso posterior estuvo siempre signado por acusaciones alegremente expresadas y la descalificación calumniosa hacia los ex-administradores del banco.

Este clima, convenientemente estimulado por el propio presidente de la República y los nuevos administradores, ofreció total amparo a innumerables conductas dolosas por parte de los interventores.

A este respecto conviene señalar, que la Junta Interventora, lejos de concretar, como lo señala la ley, sus acciones a una evaluación seria de la situación del banco y a una protección de sus activos y reservas, descuidó este aspecto y concentró su actuación en un proceder sensacionalista, orientado hacia una cacería de los «únicos culpables» de la crisis económica y moral del país y al «exterminio» del único “banco malo” en Venezuela. El tiempo no tardó en demostrar su equivocación, pues la casi totalidad del Sistema Financiero adolecía de los mismos problemas que se trataron de presentar como exclusivos del Latino.

Aprovechando el clima de linchamiento creado por el gobierno, el Procurador y otras autoridades contra las personas vinculadas al grupo Latino, los administradores públicos actuaron en forma negligente e imprudente con relación a los activos de la institución.

A mayor abultamiento de la cifra de «pérdidas» ,mas recursos en efectivo recibirían de FOGADE.

Según declaraciones del primer interventor del banco, Dr. Roger Urbina, los funcionarios de tesorería de esta institución ejecutaron transacciones internas entre el Consorcio Inversionista Latino y el Banco Latino de Curazao, que permitieron obtener préstamos de bancos extranjeros por el 50% del valor facial de una importante reserva representada por aproximadamente 700 millones de dólares en Bonos de la deuda Pública Nacional.

Considerando que la Junta Interventora del Banco Latino estaba integrada por «ejecutivos de primera línea», «banqueros profesionales y de alta factura ética», fue absurda, negligente e irresponsable su actuación con relación al canje de Bonos Brady del Consorcio Inversionista Latino y el Banco Latino N. V ., realizada por sus funcionarios de tesorería con el único fin de obtener la liquidez necesaria, para hacer frente a la demanda de retiros de depósitos, causada por la ola de rumores que las autoridades presenciaron pasivamente.

Lejos de concentrar sus esfuerzos y recursos en lograr con los fondos recibidos de Fogade, la cancelación de los préstamos recibidos por el Banco Latino con garantía de dichos Bonos Brady y rescatar mas de 900 millones de dólares americanos en BDPN pertenecientes al grupo financiero, permitieron, pasiva y sospechosamente que los acreedores internacionales y el propio Banco Central de Venezuela, ejecutasen las garantías y se adjudicaran los Bonos de Deuda Pública, generando pérdidas al grupo Latino que llegaron en algunos casos hasta el 50% del valor facial de dichos Bonos.

Con esta conducta cuestionable y sancionable, deterioró gravemente la calidad del activo del grupo Latino. Este proceder, anti profesional, alejado de las normas de conducta diligente y prudente que la ley impone a los interventores, se hace mucho mas grave pues sus consecuencias habían sido oportunamente alertadas, entre otros, por el propio Superintendente de Bancos y primer interventor, Roger Urbina, en su declaración ante el Congreso de la República, en la cual afirmó que efectivamente, al momento de la intervención, el Banco Latino contaba con aproximadamente setecientos millones de dólares americanos en títulos de la República de Venezuela (Bonos Brady) que fueron dados en garantía a bancos extranjeros para obtener liquidez necesaria para cubrir los masivos retiros de depósitos.

El Banco Central de Venezuela tenía 220 millones de dólares de Bonos emitidos por ellos mismos, como garantía de los únicos recursos que aportó para la crisis de liquidez del Banco Latino, que también ejecutó con una ganancia para el BCV del 10% del valor facial de los títulos.

Durante su breve desempeño como Interventor del Banco Latino, Urbina recomendó pagar los préstamos respaldados con dichos Bonos Brady a fin de rescatarlos, con ello, se mejoraría la calidad de los activos del Banco Latino, se contaría con una excelente cartera, que por su calidad y su denominación en divisas serviría para mejorar la situación del banco, hacer frente a los compromisos derivados de la intervención y facilitar su proceso de rehabilitación.

Como evidencia inequívoca de la impericia del Presidente ( Gustavo Roosen ) y demás miembros de la Junta Interventora del Banco Latino ( Germán García Mendoza, Jacques Vera y otros ), esto no se hizo.

Las consecuencias económicas en el plan de rehabilitación del banco son hoy en día inestimables y a esta fecha podría estimarse un daño superior a los 300 millones de dólares al Grupo Latino y al patrimonio de su propietario la República de Venezuela.

Los bancos acreedores ejecutaron las garantías ante la mirada pasiva y la actitud complaciente y negligente de la Junta Interventora presidida por Gustavo Roosen, esta conducta ocasionó pérdidas al Banco Latino y compromete la responsabilidad civil y administrativa de dicha Junta Interventora, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Emergencia Financiera.

Sin duda, tal manera de actuar, agravó la crisis del Banco Latino ,llevó los niveles de pérdidas a las cifras excéntricas de las cuales se ha hablado y ocasionó graves daños al Patrimonio Nacional. Al efecto deben determinarse las responsabilidades a que haya lugar y así lo solicito.

Todo este perjuicio deriva de la combinación de la impericia manifiesta de los integrantes de la Junta Interventora y la ya denunciada conducta discriminatoria ejercida principalmente por el BCV que en lugar de ofrecer respaldo de liquidez al Banco Latino con base a estas cuantiosas reservas, lo obligó a solicitar préstamos a bancos extranjeros que solo ofrecían préstamos a cortísimo plazo, y por una modesta fracción del valor nominal de los Títulos o «papeles» emitidos por la República de Venezuela.

Si el BCV – consecuente con el conocimiento que proclamaba tener de la realidad bancaria – hubiera aceptado las operaciones de Reporto que insistentemente propuso el Presidente Ejecutivo del Banco Latino Sr. Giácomo León al Presidente Encargado doctor Omar Bello durante la corrida de depósitos, los auxilios de liquidez en bolívares, hubieran representado el 90% del valor facial de los BDPN en dólares y la situación hubiera sido completamente diferente. Pero la respuesta fue siempre negativa.

Adicionalmente y como consecuencia de la unánimemente criticada decisión de intervenir y cerrar el segundo banco más grande del país y el primero en cuentas de ahorro, las afiliadas del Banco Latino en el exterior sufrieron indeseables consecuencias.

Una corrida de depósitos afectó al Banco Latino Internacional, con sede en Miami, Florida, propiedad, en más de un 70% del Banco Latino S.A.C.A., sin que hubiera en dicho instituto, ninguna representación de la Junta Interventora designada por el Gobierno Nacional, el día 16 de enero de 1994, fecha en la cual el Estado Venezolano tomó el control del Banco Latino y de todos sus activos.

La improvisación con la que el BCV asumió el liderazgo de este proceso – por la ausencia del Ministro de Hacienda Carlos Rafael Silva – es digno de investigación, análisis y sanciones, pues los enormes costos derivados de estas conductas negligentes unas, e improvisadas otras, son de muy elevada factura.

En efecto, por mandato de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, artículo 161, numeral 5, en concordancia con el artículo 254, la Junta Interventora de un banco asume:»…las más amplias facultades de administración, control y vigilancia, incluyendo todas las atribuciones que la ley y los estatutos confiere a la Asamblea, a la Junta Directiva, al Presidente ya los demás órganos del ente intervenido…»

Además la Resolución No.004-94 de la Superintendencia de Bancos, publicada en la Gaceta Oficial No.4677 de fecha 21 de enero de 1994 expresa:

«…Enunciativamente se contempla como acciones a seguir el mencionado régimen (de intervención), las siguientes:1.- Establecimiento de mecanismo de control sobre áreas operativas y filiales».

La Junta Interventora, no cumplió con su deber y ello ocasionó la designación por parte de una Corte de Bancarrota y por parte de las Autoridades de Control del Estado de la Florida de un Trustee ( administrador fiduciario ), cuyos honorarios ascienden hoy en día a más de $ 1.800.000 (300 millones de bolívares a la tasa de cambio de esta fecha ).

Estos daños son atribuibles a la improvisación, pues a , partir del 16 de enero de 1994, la Asamblea de Accionistas del Banco Latino Internacional Miami, quedó constituida por la Junta Interventora del Banco Latino S.A.C.A., propietaria de 73% de esta filial.

Según he leído en la prensa, la Junta Interventora ha iniciado una temeraria, además de escandalosa, acción judicial en los Estados Unidos, con gastos de honorarios de abogados y publicistas que, por ahora, superan los 5.000.000 dólares americanos ( casi mil millones de bolívares al cambio de esta fecha ) que se suman a los innecesarios honorarios del Trustee en Miami.

Aprovechándose, de recursos manipulados fuera de los controles de cambios existentes y de la matriz de opinión creada desde las posiciones de poder que han ocupado y ocupan los verdaderos responsables de todos estos daños al patrimonio del banco, sus filiales y a la República, no sólo pretenden escapar de sus deberes; sino lo que es peor, demandar a otros por sus propias faltas dentro y fuera del país. Al efecto deben determinarse las responsabilidades a que haya lugar.