DENUNCIA ANTE EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA - LA CRISIS FINANCIERA DEL 1,994 Y 1.995 - LA MALA GERENCIA.
«…La génesis de la crisis del Sistema Financiero venezolano se remonta a los años setenta, años en que la economía venezolana se vio afectada por tasas crecientes de inflación, las cuales trataron de combatirse con medidas intervencionistas e ineficaces que impactaron de manera negativa, el funcionamiento del Sistema Financiero…»
Ciudadano .
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
Su Despacho.
Yo, ESTHER PERNIA GUZMAN, abogado, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad número 9.662.604, ante Usted, garante de la legalidad y de la exacta observación de la Constitución y las Leyes, ocurro para exponer:
I.- LA CRISIS FINANCIERA VENEZOLANA
La génesis de la crisis del Sistema Financiero venezolano se remonta a los años setenta, años en que la economía venezolana se vio afectada por tasas crecientes de inflación, las cuales trataron de combatirse con medidas intervencionistas e ineficaces que impactaron de manera negativa, el funcionamiento del Sistema Financiero.
En abril de 1976 y posteriormente en julio de 1977 se dictan medidas que imponen encajes legales excesivos para los depósitos oficiales (40% en abril de 1976 y 75% en julio de 1977), se establecen límites de carteras en los bancos hipotecarios y límites de ganancia para la construcción y reventa de inmuebles. Esto obliga a los bancos comerciales a liquidar sus carteras de títulos valores, principalmente de cédulas hipotecarias, impone al sistema hipotecario la obligación de redimir anticipadamente dichos títulos y los pone al borde de la quiebra. En años posteriores se mantiene una política restrictiva; tasas de interés negativas, se incentiva, desde el propio Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Venezuela la fuga de divisas como herramienta de política monetaria, se interviene el Banco Nacional de Descuento, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, y finalmente, se devalúa la moneda y se establece un régimen de cambio preferencial al cual se extiende hasta finales de 1989.
Entre noviembre de 1982 y finales de 1986 se interviene el Banco de los Trabajadores de Venezuela, con la promesa de devolverlo a los trabajadores, se interviene el grupo financiero liderado por el Banco de Comercio y se intervienen más de diez sociedades financieras. Fue una época caracterizada por una creciente inflación, un progresivo deterioro del aparato productivo nacional y un agotamiento de las reservas internacionales.
En 1989 se introduce un sistema de apertura económica apuntalado en un programa de fortalecimiento de reservas con apoyo de organismos multilaterales, liberación de tipo de cambio, tasas de interés acordes con la inflación, apertura comercial, liberación de precios y fomento a las exportaciones y a la inversión extranjera. Dicho sistema tiene un fuerte impacto en la economía, incrementa la tasa de interés de 25% a 37%, eleva el tipo de cambio de 14.50 bolívares por un dólar a 37.50 bolívares y acumulada en su primer año, la tasa de inflación a un nivel de 80% para el año 1989.
Esto impactó fuertemente al ya debilitado aparato productivo nacional y lo forzó a una inminente reconversión. Esta, sin embargo, no se produjo con la rapidez e intensidad necesaria. El programa, que en 1990 comienza a mostrar importantes progresos pese a la oposición de influyentes sectores, sufre un importante retroceso luego de los intentos de golpe de estado del 4 de febrero de 1992 y del 27 de noviembre del mismo año.
A partir de ese momento se agudiza la crisis política, se descontinúan las políticas adelantadas y se agudiza una política monetaria feroz, caracterizada por tasas de interés que en muchos meses alcanzó a 25 y hasta 30 puntos por encima de la inflación. Ello eliminó la posibilidad de re-conversión de los sectores productivos, fomentó el rentismo y ahuyentó la inversión extranjera, sin reducir las altas tasas de inflación.
Bajo este escenario, los intermediarios financieros, vieron deterioradas sus carteras crediticias ya disminuidas por la baja demanda de crédito y debieron operar en escenarios de recesión e incertidumbre. Como bien lo afirmó, el banquero Oscar García Mendoza en su intervención en el V Seminario Presidencial de Veneconomía, celebrado en Barquisimeto el 13 de mayo de 1994:
«… por mucho tiempo venía gestándose una crisis bancaria de inmensas proporciones que estaba a la vista, que era percibida con meridiana claridad por los factores económicos y lo más grave, que era del conocimiento de las autoridades… «
No puede existir un Sistema Financiero sano, en una economía agobiada por la recesión, la inflación, la desconfianza y la inestabilidad política.
La propia Presidente del Banco Central de Venezuela, doctora Ruth de Krivoy en diversas entrevistas, oficios e intervenciones públicas ha reconocido esta circunstancia. En efecto, el jueves 9 de marzo del año en curso, en el diario «El Universal», señaló:
«… Las debilidades estructurales de la banca venezolana -dice- son consecuencias de un proceso que data de muchos años. Sus causas son múltiples. La naturaleza de la legislación bancaria, las debilidades del sistema de supervisión, las condiciones macroeconómicas del país y las prácticas aplicadas en la gestión misma del negocio bancario…»
«…Los problemas del sistema bancario se acentuaron en 1993, a medida que la economía venezolana era afectada por una inflación creciente; por la caída en la inversión y el ritmo de actividad de la economía, por las presiones sobre el mercado financiero doméstico a causa del déficit del fisco y también de PDVSA, ante los obstáculos enfrentados para acceder al financiamiento internacional, a raíz del intento de golpe de estado del 27 de Noviembre de 1992; por los atrasos en los pagos del Gobierno a los contratistas y proveedores; y por las dificultades para lograr un financiamiento ordenado del déficit ante el virtual cese del crédito externo para el. Estado Venezolano.
«…La grave situación política y social a partir de 1992, con los dos intentos de golpe de Estado, cuatro Presidentes de la República, numerosos episodios de inestabilidad y dos procesos electorales, complicó la situación y fue el detonante de la crisis financiera… «
«…La crisis financiera de 1994, ha sido un acontecimiento complejo y traumático en la historia contemporánea de Venezuela. Derivó de la interacción de circunstancias políticas, sociales y económicas que se gestaron durante mucho tiempo y afectó profundamente el país…»
El doctor Asdrúbal Baptista, ex-Director del Banco Central de Venezuela, febrero-mayo 1994, señaló el domingo 19 de marzo de 1995, también en el diario «El Universal’:
«…Sobre el mes de enero de 1994 confluyen años del desequilibrio en la estructura económica en Venezuela, deben ponderarse dos rasgos dominantes del desenvolvimiento económico. En primer término, la indetenible caída de la inversión privada. De hecho, acaso no hay nada que se asemeje en la historia contemporánea. Así, desde 1977 hasta el presente, y salvo algún respiro sin consecuencias posteriores, durante estos diecisiete años previos, nunca ha dejado de contraerse el flujo de recursos dedicado a preservar y acrecentar el acervo productivo privado. En aquella fecha la cuantía de esos recursos representó el 17.8% del Producto Interno Bruto. En 1994 sólo llegó a ser 1.6% del Producto Interno Bruto. Es decir, el sector privado venezolano, en los últimos años, ni siquiera ha estado reponiendo los equipos y maquinarias que se consumen con el uso…
En segundo término, la disminución del nivel de vida de los asalariados (…) Para 1994, en efecto, el salario real , promedio de un trabajador venezolano era sólo 29 por ciento de la correspondiente magnitud en 1978; y más, sólo era apenas superior al que dan las cifras oficiales para 1936.
Estos hechos, desde luego, no son independientes entre sí. Pero no puede ser el caso elaborar aquí sus múltiples vínculos. Basta sólo puntualizar que el Producto Interno Bruto de 1994 es un 20% mayor que el de 1977, lo que significa que, para el tiempo presente, la existencia de recursos invertibles es mayor que en aquel entonces y con todo la inversión privada, por lo visto, no ha dejado de contraerse hasta llegar a ser hoy sólo una mínima fracción.
De la juntura de estos hechos, en su natural desarrollo, debía seguirse el colapso del sistema financiero (…) no es un accidente que, en Enero de 1994 el segundo banco del país se viniera a pique…»
Para mayor claridad en todo lo afirmado referente a que el riesgo de una crisis del Sistema Financiero Nacional, se remonta a muchos años atrás y era ampliamente conocido por el gobierno y por las autoridades encargadas de su control y supervisión, conviene reseñar los resultados de la evaluación practicada por expertos del Banco Mundial en 1989, cuando se sentaron las bases para el inicio del proceso denominado Reforma del Sistema Financiero Nacional. El documento, titulado: VENEZUELA, A BLUEPRINT FOR FINANCIAL SECTOR REFORM entre sus conclusiones señala que los principales problemas que afectaban al Sistema Financiero Nacional, para ese momento, octubre de 1989, eran:
«…a) excesiva intervención gubernamental en la determinación de las tasas de interés y en la asignación de crédito.
b) un débil ambiente institucional y regulatorio, incluyendo una inadecuada supervisión de las instituciones financieras por parte de la superintendencia de bancos.
c) superposición de funciones entre los distintos reguladores del sistema financiero.
d) dificultad por parte del Banco Central de Venezuela para ejecutar una efectiva política monetaria debido a una carencia de instrumentos adecuados a tal fin.
e) un gran número de entes financieros propiedad del Estado (bancos y fondos) muchos de los cuales estaban mal manejados o en estado de quiebra;
f) débil situación financiera de un importante número de instituciones financieras privadas y mecanismos inadecuados para el manejo de bancos en problemas; y
g) mercados de capitales poco desarrollados…»
En el citado documento, presentado al Gobierno Nacional y al Banco Central de Venezuela, en la fecha antes mencionada, se fijaron como los objetivos necesarios de la reforma,: la racionalización de la política de tasas de interés; la redefinición del papel de las instituciones encargadas de regular y supervisar el Sistema Financiero; fortalecer el marco de regulaciones prudenciales; mejorar los mecanismos existentes para el manejo y solución de la crisis bancaria; fortalecimiento de la condición financiera del sistema financiero; mejorar la eficiencia y competitividad del sistema financiero; reducir la participación del sector público en el sistema bancario comercial; definir con precisión el desarrollo de las funciones bancarias ejecutadas por el gobierno; reestructurar el sistema financiero crediticio hipotecario; ampliar la flexibilidad para que el Banco Central de Venezuela pueda ejecutar la política monetaria; fomentar el desarrollo del mercado de capitales.
Cuando el citado documento desarrolla, extensamente, los aspectos relativos a la salud de los intermediarios financieros privados, resalta la débil situación de muchos institutos financieros por la baja calidad de sus activos; lo inadecuado de su capitalización; su situación de liquidez, solvencia y rentabilidad.
A este aspecto, el Banco Mundial recomendó, mejorar la regulación y supervisión no sólo para mejorar la calidad del patrimonio y el activo de los mismos bancos, sino también para liquidar las instituciones
Por otra parte, en el documento de fecha 25 de octubre de 1989 remitido a la Presidente del Banco Central de Venezuela por el señor Carl Jones Lindgren, Jefe de la Misión Asesora del Departamento de Banca Central del Fondo Monetario Internacional, encontramos señalamientos tales como :
» …hay acuerdo unánime entre banqueros y funcionarios públicos acerca de que la calidad del portafolio de activos de los bancos e instituciones financieras privadas que dominan el sistema financiero nacional, se ha deteriorado de manera significativa. Hay, en consecuencia, causas de preocupación acerca de la solvencia del sistema financiero en Venezuela «
Más adelante agrega:
«… Los banqueros convienen que la solvencia de los bancos se ha debilitado de forma sustancial. Las ganancias son insuficientes para compensar la erosión experimentada en el valor real del capital y las reservas. La mayoría de los bancos de mayor tamaño se encuentran en un proceso de incrementar su capital, pero las cantidades que se mencionan parecen insuficientes, dada la necesidad de efectuar provisiones para préstamos. A pesar de la carencia de una base de información confiables, es necesario tomar fuertes medidas preventivas…»
Con estas extensas citas, pretendemos dejar sentado, que la posible Crisis del Sistema Financiero Nacional, venía gestándose desde hace mucho tiempo y ello era del pleno conocimiento de las autoridades venezolanas. A fin de enfrentar la delicada situación arriba descrita, se recibió apoyo del Banco Mundial, se prepararon los correspondientes proyectos de ley, y se inició, de forma anticipada, un fortalecimiento de las regulaciones prudenciales tendentes a mejorar los niveles de solvencia y liquidez del sistema y a mejorar la calidad de su activo y patrimonio. Este proceso, contó con el apoyo decidido del Comité de Concertación del Sistema Financiero, cuyo objetivo primordial fue, la coordinación entre la Banca y el gobierno de todo lo relativo con la Reforma Financiera.
Lamentablemente, la reforma necesaria, no pudo concretarse a la velocidad requerida, resultando aprobada la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras en el mes de noviembre de 1994, a través de las facultades especiales otorgadas al Presidente de la República doctor Ramón J . Velásquez.
Resulta pues, claro y contundente, que el Sistema Financiero Nacional, desde hace mucho tiempo, venía operando con serios problemas que afectaban la solvencia, liquidez y patrimonio, los cuales eran del pleno conocimiento del Banco Central de Venezuela, de la Superintendencia de Bancos, del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria y, en general, del Gobierno Nacional. También resulta evidente, que esta situación se agravó, de manera alarmante, a partir de los intentos de golpe ocurridos en febrero y noviembre de 1992 y con la grave crisis política e institucional vivida entonces.
Pero hubo algo mas.
LA ACTUACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y DE LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL MANEJO DE LA CRISIS
La forma improvisada, discriminatoria, carente de un plan estructurado como se manejó el proceso de intervención del Banco Latino y las incongruencias de esta forma de actuar, con las acciones tomadas para manejar los problemas similares experimentados por los restantes bancos del Sistema Financiero Nacional son dignas de análisis.
La actitud fue negligente en la primera fase del proceso, se caracterizó por la inacción, la falta de un plan adecuado para precaver el desarrollo incontrolado de una crisis, en aquel momento, ello significaba poner fin a la criminal campaña de desprestigio y rumores contra el Banco Latino en particular.
Esta inicial conducta negligente e irresponsable, se transforma en una actitud imprudente cuando, el BCV en pleno conocimiento de la situación del sistema y del porcentaje que el Banco Latino y su grupo de instituciones financieras, comerciales, e hipotecarias representaban con relación al total del sistema , iniciaron de una manera abierta y pública una discusión acerca de la «delicada» situación de “un banco” el Banco Latino y su posible intervención.
Este tema fue objeto de discusión pública aún con los medios de comunicación, y de discusión diaria entre las autoridades del país y el resto de los miembros del sistema financiero, por cierto, competidores del Banco Latino. Sin duda, que esta imprudente manera de actuar contribuyó a deteriorar la imagen pública del Banco Latino e incrementó la demanda de sus clientes por retirar sus depósitos, pues se discutía de manera abierta y pública la “inminente intervención” de la institución financiera.
Esta extraña operación fue, el carburante adicional a la ya encendida ola de rumores que se dirigió contra el Banco Latino en los meses que precedieron a su cierre, en enero de 1994. Resultó, asimismo, imprudente la decisión de las autoridades financieras al acordar la intervención y cierre del segundo banco del país, sin que éste hubiera agotado sus reservas secundarias, sin un plan de acción concreto, sin una evaluación objetiva de la situación y de sus posibles efectos sobre el Sistema Financiero y sobre la Economía del País. Esta actitud irresponsable, ha ocasionado serios daños al Banco Latino C.A., a la economía nacional y al prestigio internacional del país, que comprometen de manera evidente la responsabilidad civil, administrativa y penal de quienes manejaron, como autoridades competentes, la intervención y cierre de dicho banco.
Además de lo antes mencionado, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la responsabilidad de dichas autoridades, se ve comprometida por haber actuado, a pesar de su profundo conocimiento de la posible crisis, sin un plan integrado y estructural de actividades entre los organismos competentes. Por el contrario, la corrida de depósitos en el Banco Latino, primera manifestación de esa posible crisis, fue tratada de forma discriminatoria y la institución fue expuesta a la vindicta pública antes de su intervención.
En contraste, 2 días después, un segundo grupo de bancos, recibió, de tan inflexibles autoridades, un abultado auxilio financiero, a través de dinero inorgánico, sin ningún mecanismo de control de su uso y aplicación, sin garantías suficientes y otorgados a las mismas directivas cuestionadas. El resultado, previsible y evidente, no pudo ser más devastador: fuga de divisas, pérdida de la confianza en el país y en el bolívar, presunto manejos con los auxilios financieros, inflación y recesión económica.
El desorden continúa con una tercera manera de actuar, cuando otros bancos son estatizados sin intervención y uno, el Banco Andino, propiedad de un prominente senador del partido de gobierno, recibe apoyo directo del Banco Industrial de Venezuela, propiedad del Estado Venezolano, sin una investigación de lo allí ocurrido, hasta el punto de que las pérdidas incurridas por ese banco, son ocultadas por el gobierno y no aparecen en la lista de los auxilios financieros presentada por el Contralor General de la República al Congreso Nacional al cierre de 1994.
Los expertos Francisco Faraco y Romano Suprani en la página 31 de su obra «La Crisis Banca Venezolana Análisis Preliminar» publicada por Editorial Panapo en 1995 lo destacan diciendo:
«… los factores generadores del proceso de insolvencia bancaria, que culminó en la crisis sistémica de 1994, tuvieron un período de incubación de aproximadamente dos décadas, lo que probablemente le imprime características y especificidades únicas en el mundo y, en buena parte, explique sus elevados costos económicos y sociales, independientemente de las muy onerosas adiciones provenientes de su defectuoso manejo por parte de las autoridades correspondientes… «
Improvisación desconcertante –entre otras cosas- fue la característica resaltante del manejo de la amenaza de la crisis y su posterior desencadenamiento. Las autoridades, que conocían la debilidad estructural del sistema financiero, actuaron como si ignoraban completamente esa realidad y cerraron de manera abrupta al segundo banco comercial del país , primero en cuentas de ahorro, primero en cuentas de fideicomiso públicas y privadas, y que además, a través del Banco Hipotecario de Occidente abarcaba casi un 30% del mercado de los créditos hipotecarios de vivienda y construcción.
El doctor Asdrúbal Baptista expone en su artículo publicado en «El Universal» el 19 de marzo de 1995, anteriormente citado, “la regla de oro para evitar una crisis financiera”
«…En tales circunstancias el Banco Central de Venezuela concede recursos en préstamos al sistema bancario para cubrir necesidades (..) El segundo de los medios, bajo condiciones críticas o de excepción, de nuevo se dirige al sistema bancario (recursos), pero no ya de modo directo, sino inmediatamente a través de Fogade.
Los últimos años brindan testimonios de las diversas crisis financieras acaecidas, y lo que es más, de su manejo…
En primer lugar, que una crisis es una crisis porque entraña costos ( …) En segundo lugar, que en una crisis masiva del sistema bancario, el Banco Central, en cuanto a prestamista de última instancia y para evitar la sobrevenida de peores males, debe facilitar recursos con toda presteza. LA REGLA DE ORO ES QUE NO SEA POCO y QUE NO SEA TARDE».
Los problemas confrontados por el Sistema Financiero Nacional se hicieron más agudos, y explotaron en una inmensa crisis sistémica por la aplicación discriminatoria de medidas, las cuales lejos de aliviar la situación, agravaron las dificultades e hicieron cada vez más costosa y compleja una salida al problema.
En el plan para resolver la Crisis Bancaria Venezolana preparado por Francisco Faraco R y Asociados y presentado al Consejo Bancario Nacional, en febrero de 1994, se cita:
«La solución a una crisis sistémica exige de la formulación e instrumentación de una estratégica coherente, enmarcada dentro de una visión de largo plazo, cuyo dos objetivos centrales son: (…)
-El saneamiento y la normalización del sistema financiero nacional y la erradicación de las causas que originan la insolvencia bancaria, objetivos que, por supuesto, están estrechamente relacionados entre si, y cuya consecución, debe acometerse mediante un programa de acción que demanda un gran esfuerzo de coordinación, puesto que envuelve todos los organismos públicos con responsabilidades en la coordinación económica y financiera del país».
Resulta evidente que la coordinación y coherencia necesaria para desarrollar un plan para el saneamiento del Sistema Financiero Nacional brillaron por su ausencia. Se crearon las condiciones para el estallido de la crisis pues se manipuló públicamente el delicado tema de la de iliquidez del Banco Latino; cuando nada hicieron por investigar el origen de la aviesa campaña de rumores en contra de la institución; por el contrario, el Ministro de Hacienda y el BCV alimentaron la misma con comentarios alusivos a «la situación» y con un pronunciamiento público acerca de su posible intervención; cuando, incluyeron a los competidores del Banco Latino en el debate -como si fuera un caso único- y los «invitaron» a buscar soluciones que ni les convenían a éstos ni tenían capacidad técnica o financiera para acometerlas.
De esta manera, delegaron en terceros privados y competidores del Banco Latino, una responsabilidad que sólo competía a las autoridades rectoras de la actividad financiera. Como complemento, resulta absurdo, que a sabiendas de la situación confrontada por el Sistema Financiero y los riesgos que esta decisión comportaba, le cerraran las puertas a tan importante institución sin darle ningún tipo de auxilio financiero, ni darle tiempo para hacer una asamblea de accionistas o mas importante aún, de acudir a otras reservas para hacerle frente a la crisis de caja derivada de la campaña de rumores.
Lo ocurrido, resulta contrastante con el tratamiento dado a los administradores del mismo Banco Latino, con posterioridad a la intervención y a los restantes bancos auxiliados y posteriormente intervenidos o estatizados. A la Junta Interventora del Banco Latino, se le entregaron por vía de aportes de FOGADE alrededor de 370 mil millones de bolívares. Al sistema en su conjunto, se le auxilió por más de un billón de bolívares creados de la nada, con dinero inorgánico a expensas de todos los venezolanos que hoy padecen una pavorosa estanflación.
El segundo banco mas grande del país fue cerrado como consecuencia de la negativa del BCV a apoyarle con una cifra que representó el menos del 0.5% de los fondos entregados a los interventores. ¿Existían otros intereses? ¿Por qué tanta rigidez con la administración privada de esta institución y tanta laxitud para con los restantes?. Sin duda, no existe una respuesta técnica aceptable.
RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA INTERVENTORA.
En enero del año en curso, la Junta de Emergencia Financiera acordó la migración de depósito de los bancos: Progreso, Principal y Profesional a los restantes bancos estatizados y al Banco Industrial de Venezuela.
De manera irresponsable y absurda, reveladora de una obvia incompetencia, ordenaron y así se ejecutó por las Juntas Directivas o interventoras de los bancos receptores de dichos depósitos, la transferencia de pasivos sin que se transfirieran los correspondientes activos. Esta transacción ha arruinado la posibilidad de rehabilitación del Banco Latino.
Las instituciones financieras receptoras de las «migraciones» vieron crecer sus pasivos generadores de EGRESOS, sin una contrapartida en el activo y los INGRESOS. Con ello, se causaron pérdidas y dificultades para la formación de los estados financieros. Esto sin embargo, se solucionó como por arte de magia, al permitírsele a dichos bancos contabilizar en el activo una simple carta compromiso de FOGADE, recibida, coincidencialmente, el 30 de junio fecha de cierre de balance semestral.
Además, el mecanismo contempló un pago parcial, realizado en el mes de julio, es decir, 30 días después de la fecha de cierre del semestre. En una palabra, se permitió compensar las pérdidas incurridas durante el primer semestre en forma retroactiva !
¿No es esto un maquillaje financiero? ¿No son los balances, preparados en base a estos artificios, falsos y su publicación sujeta a investigación criminal? . ¿Son estos nuevos funcionarios, los miembros de la Junta de Emergencia Financiera y directivos de los Bancos estatizados inmunes a las responsabilidades previstas en la Legislación vigente? ¿No hay aquí un trato preferente para ellos y discriminatorio para otros? Las respuestas resultan evidentes. Por ello solicito a ese despacho la investigación detallada de estos hechos punibles.
Como si todo el dinero entregado fuera poco, en fecha reciente el doctor Gustavo Rossen, ahora miembro de la Junta Directiva del Banco Latino, anunció que a los bancos estatizados ( El Latino incluido ) que se les eximiría de la obligación de constituir el encaje legal y no les serían aplicable las normas relativas a la relación de activo a patrimonio exigibles a los restantes. Es decir, estas directivas, además de haber recibido sin limitación alguna, todo el dinero que pidieron para recapitalizar sus bancos ; tendrán, en adición, un inusitado tratamiento financiero preferencial. Qué excusa podrán dar si fracasan en la administración, rehabilitación y privatización del Latino ?
IIILAS RESPONSABILIDADES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y DE LAS AUTORIDADES FINANCIERAS
De todo lo anterior, resulta evidente, que la crisis se gestó a lo largo de muchos años y que el riego de que estallara era del conocimiento de las autoridades competentes, del Gobierno Nacional, de la Comunidad Financiera Nacional y de los Organismos Multilaterales; que en el caso del Banco Latino, las autoridades actuaron de forma negligente, al comienzo, imprudente después y en todo momento en forma discriminatoria, que este factor detonó la crisis del Sistema Financiero y produjo el colapso de la Economía Nacional, por la creación de dinero inorgánico, en cantidades abrumadoras, que han conducido al país a una profunda estanflación.
Todo ello amerita exigir las debidas responsabilidades del Presidente del Banco Central de Venezuela, del Ministro de Hacienda, del Presidente de FOGADE, del Superintendente de Bancos y de los nuevos Directivos del Banco Latino. Las eventuales responsabilidades por parte de los administradores privados de los bancos ya están sometidas a una violenta acción de los tribunales penales de la Procuraduría y de la Fiscalía, lo justo es que también respondan los funcionarios públicos por los hechos que a ellos concierne.
La responsabilidad de la Presidente del Banco Central de Venezuela, doctora Ruth de Krivoy y de los Miembros del Directorio de ese instituto, resulta evidente por la forma como manejó y manipulo la crisis bancaria y muy particularmente en el momento de la disparatada expulsión del Banco Latino de la Cámara de Compensación, que fue el verdadero factor detonante de la crisis y sus posteriores consecuencias.
Según opiniones autorizadas, la política monetaria desplegada por el BCV profundizó las difíciles condiciones del sector interno de la economía y condujo al colapso al aparato productivo del país. El propio Superintendente de Bancos, doctor Roger Urbina, en su declaración ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, en abril del año en curso afirmó:
El deterioro al cual hace referencia los informes de la Superintendencia de Bancos estaba ubicado, fundamentalmente en los activos, en la cartera de créditos y en la cartera de inversión de los entes financieros y fundamentalmente era como consecuencia del régimen de tasa de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela..»
Mientras el sector productivo y financiera se debilitaban, el Banco Central de Venezuela, elogiaba los «avances» de su política monetaria en pro una la disminución de la inflación que no existía y la estabilidad de las reservas que terminaron mermando drásticamente, precisamente como consecuencia de sus desacertadas decisiones.
En lo específico, tanto el Banco Central de Venezuela como los restantes funcionarios con competencia sobre la regulación y supervisión del Sistema Financiero, incurrieron en responsabilidad, al haber tratado el problema Banco Latino, como un caso aislado y particular y no, como una manifestación de una situación ampliamente conocida.
Causaron un gran daño a la confianza, al intervenir y cerrar a este instituto cuando todavía era un acreedor neto de la República de Venezuela, al no permitirle apelar a sus reservas secundarias e ignorar los ofrecimientos hechos por sus accionistas; al haber ocultado información, manipulando la existente, y haberse ensañado contra el Banco Latino, sus depositantes, directivos y accionistas.
Ya se dijo, que el riesgo de la crisis estaba anunciado, la propia Presidente del Banco Central de Venezuela en su oficio RSFN 93-005-44 del 19 de mayo de 1993, dirigido al Ministro de Hacienda, describió la situación que afectaba a una parte importante del Sistema Financiero, que acusaba un continuo deterioro. Ello patentiza el conocimiento del riesgo de que se desatara una crisis generalizada de la Banca, la cual no generaba ingresos de la intermediación financiera ordinaria, sino que dependía altamente de los ingresos extraordinarios.
También se evidencia de la citada comunicación, que el Banco Central de Venezuela conocía la presencia en el sistema bancario de la concentración de créditos. En el citado artículo del 9 de marzo del año en curso, publicado en el diario «El Universal», la doctora Ruth de Krivoy reconoce esta circunstancia cuando afirma:
«..Estudios realizados por el BCV en 1992 y 1993, en base a información disponible en ese momento, permitieron identificar un conjunto de debilidades en la banca…los resultados de dichos estudios fueron presentados oportuna y exhaustivamente, en forma verbal y escrita al ejecutivo nacional y a los sucesivos funcionarios competentes…»
Agrega posteriormente, la doctora Krivoy:
«… Vale aquí destacar que el Banco Central de Venezuela advirtió oportuna y reiteradamente al ejecutivo nacional sobre la situación del sector bancario y las repercusiones de la crisis del Banco Latino en los mercados monetarios y cambiarios, haciendo extensivo estos planteamientos al entonces presidente electo con miras a transmitir el sentido de urgencia que reclamaba la adopción de medidas…»
En conclusión, puede afirmarse que el Banco Central de Venezuela, desde hace muchos años, conocía la situación de fragilidad en que se encontraba el Sistema Financiero. Además en 1989, fue extensa y detalladamente informado por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional de los comprometidos resultados de sus estudios.
Resulta además evidente que el Banco Central de Venezuela, según confesión de su Presidenta, continuó su análisis sobre tan delicada situación, mantuvo un seguimiento permanente e informó exhaustivamente, en forma verbal y por escrito, al Ejecutivo Nacional, a las autoridades y funcionarios competentes, al Presidente Ramón J. Velásquez y al propio Presidente electo doctor Rafael Caldera.
Por último, resulta evidente que el Banco Central de Venezuela estaba consciente de las repercusiones que una decisión extrema el caso del Banco Latino, podría tener sobre el mercado cambiario y monetario. También de estas implicaciones, informó oportunamente a las autoridades competentes.
Ahora bien, si tanto el Banco Central de Venezuela, el Ejecutivo Nacional, los funcionarios, autoridades competentes y el propio Presidente de la República poseían extensa y actualizada información sobre la situación financiera del país. ¿Por qué permanecieron pasivos ante la prolongada campaña de rumores que tenía como blanco principal al Banco Latino?
Porqué la mirada indolente de las autoridades ante el desangramiento de esa importante institución bancaria ? .
La existencia de una violenta campaña de rumores contra la institución la confirma la propia Presidenta del BCV, en su oficio 0006 del 14 de enero de 1994 dirigido al Presidente de la República donde expresa:
«… El Banco Latino venía presentando agudos problemas de liquidez en los últimos setenta días, tal como lo informáramos en diversas ocasiones verbalmente o por escrito…»
Por su parte en su declaración ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, el 17 de abril de 1995, el Contralmirante Radamés Muñoz León, Ministro de la Defensa igualmente confirmó:
«…Como Ministro de la Defensa recibí información de los organismos de seguridad adscritos al Ministerio sobre campañas de rumores desatadas contra los bancos y entre esos bancos se encontraba el Banco Latino, al cual se le atribuía también presuntas corridas en perjuicio del banco, tiempo antes de la intervención…»
Esta grave situación conocida por las autoridades, fue denunciada por el doctor Gustavo Gómez López ante el propio Presidente de la República doctor Ramon J. Velasquez sin resultado alguno.
El mismo Presidente de la República lo confirmó en su declaración ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y en el folleto publicado con el título «El Ejecutivo Nacional y la Intervención del Banco Latino».
«…Los señores Gustavo Gómez López y Gustavo Cisneros informan al Presidente de la República en audiencia celebrada en el despacho presidencial, acerca del acuerdo de la Directiva del Banco Latino, para atender un aumento de capital en el cual participarían todos los accionistas… «
En esa ocasión, además de presentar una clara y precisa salida al problema y solicitar la colaboración del Estado para detener la campaña de rumores contra el banco, se solicitó una reunión con el Ministro de Hacienda, doctor Carlos Rafael Silva, con la finalidad de ejecutar la propuesta.
Dicha reunión nunca pudo producirse ya que, el Ministro de Hacienda, máxima autoridad, para esa época, del Sistema Financiero Nacional, superior jerárquico del Superintendente de Bancos, nunca concedió la cita solicitada.
Los accionistas declararon al presidente su disposición de aportar mas capital al banco, pero para concretarlo, era indispensable parar la corrida y los rumores. Solo un pronunciamiento firme del BCV y el ejecutivo podía lograr este efecto en el público.
Esta negativa constituye un claro supuesto de negligencia en el cumplimiento de las funciones que le imponían las leyes de la República a esto funcionarios. Con ese comportamiento negligente, por decir lo menos, el Ministro doctor Carlos Rafael Silva, contribuyó a que los planes ofrecidos no fueran de posible ejecución, agravó el impacto sobre la liquidez del banco, precipitó su fatal desenlace y dio pie a la debacle financiera que lo siguió.
Aquí debe tenerse en cuenta, que, dicho funcionario tenía pleno y cabal conocimiento de la delicada situación del Sistema Financiero en general y en palabras de la doctora Ruth de Krivoy, de las repercusiones que la aplicación de medidas exageradamente drásticas en el caso Banco Latino tendrían sobre el sistema cambiario y monetario. Su inexplicable e inexcusable omisión ocasionó graves perjuicios que comprometen su responsabilidad, así lo denuncio y pido se investigue.
Como bien afirmó el oficio del BCV, la corrida de depósitos en el Banco Latino, motivada por la corrida de depósitos que las autoridades del país consintieron y hasta propiciaron, continuó por largo período de mas de setenta días. Lo que aguantó el Latino solo lo aguanta una institución fuerte, pues en el caso de los otros bancos éstos no resistieron ni siquiera una semana de campaña de rumores.
Como se mencionó el gobierno nada hizo durante ese tiempo, por el contrario, en un movimiento -cuando menos- torpe, de manera pública, comenzó a ventilar la situación de iliquidez del Banco Latino, convocó a innumerables reuniones celebradas en el BCV a la cual llevó a los restantes integrantes del Sistema Financiero con la peregrina idea de «buscar una solución concertada entre el Gobierno y la Comunidad Bancaria».
Esta actitud imprudente arreció la crisis del Banco Latino, comenzó por su excusión automática del mercado interbancario (préstamos «overnight» por parte de los bancos para aliviar transitoriamente la corrida de depósitos), los bancos, con pocas excepciones, reaccionaron hostilmente exigiendo garantías reales y prácticamente arrinconando a los administradores de la institución y terminó con la negativa de cualquier mecanismo de auxilio financiero por parte del Banco Central de Venezuela o Fogade.
Al Banco Latino, se le negó el redescuento de pagarés porque «según el reglamento, falta una estampilla» o se consideraba «muy débil» el balance de cualquier cliente de esa institución.
Por supuesto, ni hablar de los artículos 225 y 314 de la Ley general de Bancos recientemente en plena vigencia.
Para su exclusión definitiva del sistema de cheques por una modesta cifra garantizada con BDPN y perfectamente manejable, se utilizaron criterios legalistas , » estrictos» e inflexibles, que nunca estuvieron presentes a la hora de conceder auxilios financieros ilimitados, a los restantes bancos por más de un billón de bolívares (un millón de millones) sin garantías, o con garantías sin evaluar y – por supuesto- sin cambiar sus Juntas Directivas o exigirles avales personales .
Una situación odiosamente contrastante.
Una conducta tan imprudente resulta sospechosa y hasta hace pensar que hubo alguna razón «conveniente» o convenida, para propiciar el colapso del Latino.
Este hecho, sin embargo, en forma preterintencional, produjo un efecto en cadena, previsible, por lo demás, en virtud del conocimiento de la situación que tenían las autoridades sobre las débiles instituciones financieras integrantes del sistema. Esta actitud, lesiva a los intereses del país, causó enormes pérdidas al mismo, deterioró su imagen a nivel interno e internacional y condujo la economía venezolana a niveles de recesión e inflación característicos de una severa estanflación. Esto compromete la responsabilidad de las autoridades competentes, en especial la Directiva del Banco Central de Venezuela, el Ministro de Hacienda, la Directiva de Fogade y del Ejecutivo Nacional, que teniendo la obligación y las facultades legales, no adoptaron a tiempo, las medidas necesarias para atender la situación concreta del Banco Latino.
Resulta incongruente y absurdo que si el Banco Central de Venezuela y las autoridades competentes estaban conscientes de tal situación, no actuaran conforme a lo que la propia doctora Krivoy afirmó en el citado reportaje publicado en el diario «El Universal», el 9 de marzo de 1995. Ella proclama que el artículo 2do. de la Ley del Banco Central de Venezuela define su misión como:
«…la de promover la estabilidad monetaria y el desarrollo ordenado de la economía y asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país. Para ello debe velar por el buen funcionamiento del sistema de pagos, indispensable para una evolución económica ordenada. Para lograr su cometido de alto interés nacional, el BCV dispone de dos vías: la primera, directamente a su alcance, es la política monetaria y la actuación como banco de bancos o prestamista de última instancia.. «
Y agrega, más adelante, la doctora Ruth de Krivoy:
«…la exigencia de experiencia, conocimiento técnico y dedicación que la ley requiere a los miembros de este cuerpo se explican en virtud de que el mismo está investido de la facultad de administrar una política fundamental para el país que por su naturaleza es de carácter discrecional (… ) con un sistema bancario fuerte, la política monetaria puede desarrollarse sin limitaciones importantes, si el sistema bancario es débil, se reduce el margen de acción del Banco Central de Venezuela y en casos extremos, su capacidad de regular la liquidez monetaria para promover la estabilidad de los precios queda subordinada a la necesidad de preservar el funcionamiento del sistema de pagos( …) La experiencia de todos los países que han sufrido crisis bancarias, demuestra que, en esas circunstancias, el Banco Central de Venezuela debe atender prioritariamente a la preservación del sistema de pagos, aún cuando ello implique relegar, temporalmente la estabilidad monetaria a una segunda prioridad».
Si todo esto es verdad, ¿Por qué todo esto no se tuvo en cuenta en 14 de enero de 1.994 al analizar la situación del Banco Latino?. Los daños que esta conducta dolosa produjeron a la Economía Nacional comprometen su responsabilidad y así solicito que se investigue.
El Banco Central de Venezuela tiene la facultad prevista en el artículo 314 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, de otorgar auxilios financieros a Fogade a objeto de que éste, otorgue auxilio financiero a las instituciones que lo requieran, cuando ello fuese necesario para salvaguardar la estabilidad del sistema bancario.
En el oficio BCV – CJ-C-94-09-220 del 16 de septiembre de 1994, dirigido al Contralor General de la República, doctor Eduardo Roche Lander, se elabora mas sobre dicha facultad y expresa:
«…tal criterio encuentra su plena justificación si se tiene en cuenta que la finalidad perseguida por el legislador al establecer la disposición contenida en el artículo 314 no era otra que dotar a Fogade de un instrumento adicional a los previstos en la Ley, para atender posibles crisis sistémicas lo cual obedece a razones de elemental prudencia, como lo demuestra el hecho de que la vigencia de la norma está limitada a los tres primeros años de aplicación de la nueva Ley General de Bancos de manera que, siendo la finalidad perseguida por la norma el dotar al órgano administrativo competente de un instrumento que le permitiera al Estado hacer frente a situaciones que pusieran en peligro la estabilidad del sistema bancario, sería absurdo entender que dicho instrumento anula o deja sin vigor uno de mayor amplitud y permanencia consagrado en el texto de la Ley como una disposición a regir sin límite de tiempo. Tal interpretación conduciría al absurdo de sostener que el legislador al plantearse la posibilidad de una crisis sistémica de ciertas magnitudes, optó por limitar excesivamente y de manera rígida la posibilidad de una acción de los órganos administrativos competentes, hasta el punto de hacerla claramente insuficiente y en todo caso más limitada que la que en condiciones normales se le permite desarrollar…
…Fogade fundamentó esa asistencia financiera en el artículo 314 de la Ley General de Bancos siendo de destacar que esta disposición, ni ninguna otra de la Ley General de Bancos, establece límite cuantitativo alguno a la asistencia financiera que Fogade pueda prestar a los bancos y otras instituciones regidas por la citada ley…
…Una interpretación distinta a ésta, conduciría al absurdo de establecer a priori una limitación cuantitativa a los auxilios destinados a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero en momentos de crisis cuya extensión y profundidad son impredecibles…
…Por último cabe destacar que no se contempla expresamente en el artículo 314 de la Ley General de Bancos, que la asistencia financiera a ser otorgada por Fogade a los bancos esté sometida al requisito de la previa constitución de garantía. Ello podría explicarse por la circunstancia de que la citada disposición está dirigida a un fin de alto interés público como es la salvaguarda de la estabilidad del sistema bancario y presupone la existencia de situaciones que pongan en peligro dicha estabilidad…
…Frente a esta situación, sería absurdo negar la asistencia financiera aduciendo insuficiencia de garantías, pues de esa manera sería muy difícil alcanzar la finalidad última de la norma, a saber, salvaguardar la estabilidad del sistema. Si tal criterio hubiera sido aplicado en las crisis bancarias que han enfrentado otros países, posiblemente ninguna se hubiera asumido ni solucionado, ya que es obvio que los problemas de solvencia que constituyen una condición inherente a tales crisis, representan, por definición, situaciones de desequilibrio patrimonial, en las cuales está presente la insuficiencia de los activos para atender las obligaciones asumidas por las instituciones afectadas «
El BCV y las autoridades del Ejecutivo habían advertido exhaustivamente, verbalmente y por escrito sobre el quebranto del sistema bancario y contaban con la competencia y facultades legales para evitar que éste detonara en una crisis generalizada; pero en el momento oportuno, renunciaron a tales atribuciones, se negaron a aplicarlas al caso Banco Latino y cuando se desató la tan anunciada reacción en cadena, giraron 180 grados y comenzaron a aplicarlas de manera extensa, a discreción e inyectando a la economía más de un billón de bolívares de dinero inorgánico.
Ha argumentado la doctora Krivoy, en su tantas veces citado artículo de prensa del 9 -3-95 que:
«…En un ambiente agobiado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros, el Banco Latino quedó excluido de la cámara de compensación el 13 de enero de 1994, en estricto acatamiento a las normas que regulan la cámara de compensación, después de agotadas las gestiones dirigidas a evitar este hecho traumático (…) el BCV ya no tenía otra alternativa. El Banco Latino no pudo cubrir su compensación y, lamentablemente, no fueron exitosas las numerosas iniciativas propiciadas para que el problema de liquidez y solvencia de ese banco, el segundo del país, fuese atendido coordinadamente por los accionistas, la banca privada, el estado”
Entonces debemos entender que:
a) Para el Banco Latino, el instrumento legal aplicable era un reglamento interno del BCV ; «reglamento de la Cámara de Compensación»; y las facultades legales, solo daban para buscar acuerdos con los otros bancos para que éstos «contribuyeran» a resolver el problema, sin importar el enorme peso específico que tenía esta institución en el mercado financiero venezolano, ni las debilidades propias de esos competidores, ni las advertencias formuladas por el propio BCV sobre las graves consecuencias del cierre del segundo banco del país, y
b) Que para el resto de los bancos afectados, si aplicaba toda la normativa legal existente, los artículos 225,314 de la nueva ley bancaria, e ilimitada disponibilidad de fondos del BCV para solucionar los problemas de liquidez experimentados por esas instituciones.
Sorprendente esta declaración cuando la propia doctora Krivoy proclamó, en el citado oficio dirigido al Contralor General, el amplio poder discrecional con que cuenta el Banco Central de Venezuela y las facultades expresas que le confiere el artículo 314 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras para otorgar auxilios financieros a Fogade para que éste, si fuese necesario, lo otorgue a los bancos que lo requieran.
No se explica la razón por la cual el BCV y Fogade renunciaron, en el caso del Latino, a ejercer esa discrecionalidad y competencias y a ejercerlas frenéticamente en los otros casos.
Olvida además la doctora Krivoy que ningún texto legal faculta o compromete en forma alguna al resto de la Comunidad Bancaria a actuar en apoyo de uno o más bancos en dificultades pero, lo más importante, es que resulta absurdo que el BVC condicionara el apoyo al segundo banco del país ( o sea a la estabilidad y continuidad del sistema de pagos ), a la colaboración de sus competidores, ello por ser estos posibles beneficiarios de su caída.
Es evidente allí, un claro conflicto de intereses que impide a dichos bancos actuar objetivamente. Las competencias exclusivas residían en el Banco Central de Venezuela, en Fogade y en el Ejecutivo Nacional, no eran ni son delegables y no hay excusa para este proceder .
Por lo demás, la propia doctora Ruth de Krivoy reconoce que la situación del sistema y de sus instituciones era delicada. ¿Qué contribución podían hacer los bancos que, siendo de menor tamaño que el Latino adolecían de sus mismos problemas? .Entre los invitados a esas reuniones se encontraban integrantes de los bancos Venezuela, Consolidado, Construcción, Principal, La Guaira, República, Progreso, Metropolitano, Bancor, Italo, Barinas, Amazonas y Andino, luego auxiliados, intervenidos o estatizados y el Banco Unión, objeto de un plan de salvamento al cual el gobierno ha dado todo su apoyo. No luce sensato someter el destino de la Banca y la Economía Nacional al resultado azaroso de unas reuniones de coordinación entre los órganos competentes y un grupo de bancos sin competencia ni capacidad financiera.
Era previsible que los bancos no colaboraran, la responsabilidad del auxilio financiero correspondía al Banco Central de Venezuela y Fogade.
No se debe olvidar que el Banco Latino, no fue auxiliado a pesar de que llegó hasta el último día con activos y reservas secundarias suficientes para hacer frente a su situación, El Banco Latino, era acreedor neto de la República, por la tenencia de Bonos de Deuda Pública Nacional por cientos de millones de dólares, por la existencia de una vasta cartera de créditos con respaldo de acreencias a cargo de organismos públicos y al momento de su expulsión de la Cámara de Compensación de cheques del BCV por mas de ocho mil millones de bolívares que cubrían el monto requerido para cubrir su déficit de caja.
Esto fue confirmado por el propio Presidente del Centro Simón Bolívar, ingeniero Cesar Rodríguez en su declaración ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, al confirmar que el Latino era acreedor del Centro Simón Bolívar, que recibió instrucciones del Consejo de Ministros de llevar los documentos demostrativos de dichas acreencias al Banco Central de Venezuela la mañana del 14 de enero de 1994 y que al llegar allí lo metieron en un cuarto por más de una hora, para luego, decirle que ya no había «nada que hacer» .El ingeniero Rodríguez ratificó todos estos hechos en unas posteriores declaraciones de prensa que anexamos.
Es un caso único en la historia financiera de Venezuela, al Latino se le negaron las posibilidades legales y alternativas a las que tenía derecho , se le aplicó el rigor de «un reglamento de la Cámara de Compensación» que nunca había sido aplicado tan estrictamente y que nunca mas se le aplicó a ningún otro banco con tal agresividad.
En el citado oficio que la doctora Ruth de Krivoy le envió al Contralor General de la República, fundamenta el porqué de la decisión de expulsar al Banco Latino de la Cámara de Compensación provocando su intervención y cierre.
En contradicción con todo lo expuesto por ella misma como los deberes y facultades del BCV para precaver las crisis bancarias, se justifica diciendo que el Banco Latino:
«…confrontó problemas para presentar garantías aceptables al crédito del Banco Central de Venezuela y por las condiciones que al efecto establece la Ley del Banco Central de Venezuela(…) Frente al grave problema del día 12, caracterizado por el elevado saldo deudor de la Cámara de Compensación y la inexistencia de disponibilidad en la cuenta de encaje, el directorio del Banco Central de Venezuela tomó la decisión de no finalizar el proceso de compensación ese día, prolongándolo para dar tiempo al Banco Latino a cubrir el saldo adverso a través de operaciones con otros bancos, y, además en espera de que dicho banco recibiese títulos públicos en cancelación de acreencias que tenían contra el Centro Simón Bolívar , ofrecidos desde el día 11, los cuales eran, en ese momento, la única opción para acceder al financiamiento del Banco Central de Venezuela, para la cobertura de los saldos adversos en el mecanismo de compensación «
Según estos argumentos, la misma Ley del Banco Central sirvió como base para:
1.- Limitar en monto del apoyo a este Banco, a pesar de que el mismo estaba garantizado y;
2.- Para negar todo auxilio financiero al Banco Latino que no esté basado en títulos públicos contra la República debidamente endosados a satisfacción del departamento de Operaciones Monetarias y de la Consultoría Jurídica del Banco Central, o en base al artículo 314 de la ley de Bancos y 4 días después
3.- Para aprobárselo ilimitadamente y sin garantías a los otros bancos en base al artículo 314 de la ley de Bancos.
Resulta insólito que mientras para el Latino, la única opción para el acceso al financiamiento del Banco Central de Venezuela era tener físicamente y con la más mínima formalidad cumplida, los títulos de la Deuda Pública, representativos de sus acreencias contra el Centro Simón Bolívar, o que otros bancos le prestaran recursos, a los otros bancos en dificultades se les aceptara, a cambio de los auxilios financieros libérrimamente entregados, cartera sin analizar o bienes sin avalúo. Este trato discriminatorio y la omisión indebida al ejercicio de las competencias legalmente atribuidas al Banco Central de Venezuela y a Fogade detonaron la crisis bancaria venezolana y han causado serios y graves daños a la Economía Nacional.
Las responsabilidades deben ser determinadas y así lo solicito.
LA DESTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS DEL GRUPO LATINO.
La intervención y cierre por casi tres meses del primer banco del país en cuentas de ahorro, creó en la clientela del banco y la población en general un desasosiego, que generó justificadas reacciones agrias y hasta violentas. Mientras se mantenían las puertas cerradas y a la población angustiada, las autoridades se dedicaron a formular estridentemente acusaciones criminales y a la descalificación calumniosa de los ex-administradores del banco.
Este clima de linchamiento, estimulado por el propio presidente de la República Rafael Caldera, el Procurador y los nuevos administradores de Latino, ofreció total amparo a innumerables conductas dolosas por parte de los interventores, que tuvieron serias consecuencias sobre los activos de la institución.
A este respecto conviene señalar, que la Junta Interventora, lejos de concretar, como lo señala la ley, sus acciones a una evaluación seria de la situación del banco y a una protección de sus activos y reservas, descuidó este aspecto y concentró su actuación en un proceder sensacionalista, orientado hacia una cacería de los «únicos culpables» de la crisis económica y moral del país y al «exterminio» del único “banco malo” en Venezuela. El tiempo no tardó en demostrar su equivocación, pues la casi totalidad del Sistema Financiero adolecía de los mismos problemas que se trataron de presentar como exclusivos del Latino.
A mayor abultamiento de la cifra de «pérdidas», mas recursos en efectivo recibirían estos interventores de FOGADE.
Según declaraciones del primer interventor del banco, Dr. Roger Urbina, durante la corrida de depósitos, los funcionarios de tesorería de esta institución ejecutaron transacciones internas entre el Consorcio Inversionista Latino y el Banco Latino de Curazao, que permitieron obtener préstamos de bancos extranjeros por el 50% del valor facial de una importante reserva representada por aproximadamente 700 millones de dólares en Bonos de la deuda Pública Nacional.
Considerando que la Junta Interventora del Banco Latino estaba integrada por «ejecutivos de primera línea», «banqueros profesionales y de alta factura ética», fue absurda, negligente e irresponsable su actuación con relación a ese canje provisional de Bonos Brady del Consorcio Inversionista Latino y el Banco Latino N. V ., con el único fin de obtener la liquidez necesaria, para hacer frente los retiros de depósitos, causados por la ola de rumores .
Lejos de concentrar sus esfuerzos y recursos en lograr con los fondos recibidos de Fogade, la cancelación de los préstamos recibidos por el Banco Latino con garantía de dichos Bonos Brady y rescatar mas de 900 millones de dólares americanos en BDPN pertenecientes al grupo financiero, permitieron, pasiva y sospechosamente que los acreedores internacionales y el propio Banco Central de Venezuela, ejecutasen las garantías y se adjudicaran los Bonos de Deuda Pública, generando pérdidas al grupo Latino que llegaron en algunos casos hasta el 50% del valor facial de dichos títulos.
La mayor porción de la pérdida atribuida al Banco Latino se origina de este inexcusable descuido. Este proceder, alejado de las normas de conducta diligente y profesional que la ley impone a los interventores, se hace mucho mas grave pues sus consecuencias habían sido oportunamente alertadas, entre otros, por el propio Superintendente de Bancos y primer interventor, Roger Urbina, en su declaración ante el Congreso de la República, en la cual afirmó que efectivamente, al momento de la intervención, el Banco Latino contaba con aproximadamente setecientos millones de dólares americanos en títulos de la República de Venezuela (Bonos Brady) que fueron dados en garantía a bancos extranjeros para obtener liquidez necesaria para cubrir los masivos retiros de depósitos.
El Banco Central de Venezuela tenía 220 millones de dólares de Bonos emitidos por ellos mismos, como garantía de los únicos recursos que aportó para la crisis de liquidez del Banco Latino, que también ejecutó con una ganancia para el BCV del 10% del valor facial de los títulos.
Durante su breve desempeño como Interventor del Banco Latino, el doctor Urbina recomendó pagar los préstamos respaldados con dichos Bonos Brady a fin de rescatarlos, con ello, se mejoraría la calidad de los activos del Banco Latino, se contaría con una excelente cartera, que por su calidad y su denominación en divisas serviría para mejorar la situación del banco, hacer frente a los compromisos derivados de la intervención y facilitar su proceso de rehabilitación. A las 24 horas de esta declaración, fue sustituido por una junta presidida por el ex funcionario del Banco de Venezuela Julio C. Santodomingo.
Como evidencia inequívoca de la impericia del Presidente ( Gustavo Roosen ) y demás miembros de la Junta Interventora del Banco Latino ( Germán García Mendoza, Julio Santodomingo, Jacques Vera y otros ), esto no se hizo.
Las consecuencias económicas en el plan de rehabilitación del banco son hoy en día incalculables y a esta fecha podría estimarse un daño superior a los 300 millones de dólares al Grupo Latino y al patrimonio de su propietario la República de Venezuela.
Los bancos acreedores ejecutaron las garantías ante la mirada pasiva y la actitud complaciente y negligente de la Junta Interventora presidida por Gustavo Roosen, esta conducta ocasionó pérdidas al Banco Latino y compromete la responsabilidad civil y administrativa de dicha Junta Interventora, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Emergencia Financiera.
Sin duda, tal manera de actuar, agravó la crisis del Banco Latino, llevó los niveles de pérdidas a las cifras excéntricas de las cuales se ha hablado y ocasionó graves daños al Patrimonio Nacional. Al efecto deben determinarse las responsabilidades a que haya lugar y así lo solicito.
Todo este perjuicio deriva de la combinación de la impericia manifiesta de los integrantes de la Junta Interventora y la ya denunciada conducta discriminatoria ejercida principalmente por el BCV que en lugar de ofrecer respaldo de liquidez al Banco Latino con base a estas cuantiosas reservas, lo obligó a solicitar préstamos a bancos extranjeros que solo ofrecían préstamos a cortísimo plazo, y por una modesta fracción del valor nominal de los Títulos o «papeles» emitidos por la República de Venezuela.
Si el BCV – consecuente con el conocimiento que proclamaba tener de la realidad bancaria – hubiera aceptado las operaciones de Reporto que insistentemente propuso el Presidente Ejecutivo del Banco Latino Sr. Giácomo León al Presidente Encargado doctor Omar Bello durante la corrida de depósitos, los auxilios de liquidez en bolívares, hubieran representado el 90% del valor facial de los BDPN en dólares y la situación hubiera sido completamente diferente. Pero la respuesta fue siempre negativa.
Adicionalmente y como consecuencia de la unánimemente criticada decisión de intervenir y cerrar el segundo banco más grande del país y el primero en cuentas de ahorro, las afiliadas del Banco Latino en el exterior sufrieron indeseables consecuencias.
Una corrida de depósitos afectó al Banco Latino Internacional, con sede en Miami, Florida, propiedad, en más de un 70% del Banco Latino S.A.C.A., sin que hubiera en dicho instituto, ninguna representación de la Junta Interventora designada por el Gobierno Nacional, el día 16 de enero de 1994, fecha en la cual el Estado Venezolano tomó el control del Banco Latino y de todos sus activos.
La improvisación con la que el BCV asumió el liderazgo de este proceso – por la ausencia del Ministro de Hacienda Carlos Rafael Silva – es digno de investigación, análisis y sanciones, pues los enormes costos derivados de estas conductas negligentes unas, e improvisadas otras, son de muy elevada factura.
En efecto, por mandato de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, artículo 161, numeral 5, en concordancia con el artículo 254, la Junta Interventora de un banco asume:
«…las más amplias facultades de administración, control y vigilancia, incluyendo todas las atribuciones que la ley y los estatutos confiere a la Asamblea, a la Junta Directiva, al Presidente ya los demás órganos del ente intervenido…»
Además la Resolución No.004-94 de la Superintendencia de Bancos, publicada en la Gaceta Oficial No.4677 de fecha 21 de enero de 1994 expresa:
«…Enunciativamente se contempla como acciones a seguir el mencionado régimen (de intervención), las siguientes:
1.- Establecimiento de mecanismo de control sobre áreas operativas y filiales».
La Junta Interventora, no cumplió con su deber y ello ocasionó la designación por parte de una Corte de Bancarrota y por parte de las Autoridades de Control del Estado de la Florida de un Trustee ( administrador fiduciario ), cuyos honorarios ascienden hoy en día a más de $ 1.800.000 (300 millones de bolívares a la tasa de cambio de esta fecha ).
Estos daños son atribuibles a la improvisación, pues a , partir del 16 de enero de 1994, la Asamblea de Accionistas del Banco Latino Internacional Miami, quedó constituida por la Junta Interventora del Banco Latino S.A.C.A., propietaria de 73% de esta filial.
Según he leído en la prensa, la Junta Interventora ha iniciado una temeraria, además de escandalosa, acción judicial en los Estados Unidos, con gastos de honorarios de abogados y publicistas que, por ahora, superan los 5.000.000 dólares americanos ( casi mil millones de bolívares al cambio de esta fecha ) que se suman a los innecesarios honorarios del Trustee en Miami.
Aprovechándose, de recursos manipulados fuera de los controles de cambios existentes y de la matriz de opinión creada desde las posiciones de poder que han ocupado y ocupan los verdaderos responsables de todos estos daños al patrimonio del banco, sus filiales y a la República, no sólo pretenden escapar de sus deberes; sino lo que es peor, demandar a otros por sus propias faltas dentro y fuera del país. Al efecto deben determinarse las responsabilidades a que haya lugar.
El OFICIO AL CONTRALOR. 16 de Septiembre de 1.994.-
El oficio enviado el 16 de septiembre de 1994 por el Banco Central de Venezuela al Contralor General de la República, doctor Eduardo Roche Lander, es el “revolver humeante” en manos del la administración del instituto emisor.
En un esfuerzo de distraer la atención sobre el hecho incontrovertible de que la crisis financiera, fue detonada por la inexplicable y absurda rigidez del Banco Central de Venezuela en el caso del Banco Latino, este oficio, dedica no menos de diez páginas a tratar de convencer al Contralor General de la República, que todo lo ocurrido en el sector bancario venezolano tiene su origen en los problemas internos y específicos del Banco Latino.
Cualquier lector atento, podrá captar, fácilmente, un exagerado esfuerzo del firmante del oficio ( Hugo Romero Quintero ) por hacerle creer al Contralor , que todos los males de la República se deben a la existencia del Banco Latino y que la intervención del mismo, no tiene nada que ver con la decisión del Banco Central de Venezuela de excluirlo discriminatoriamente de la Cámara de Compensación.
Comienza diciendo:
«…Como consecuencia de la intervención del Banco Latino (16-1-94), el sistema bancario venezolano experimentó una de las más fuertes conmociones de que se tenga antecedente. La desconfianza generalizada hacia el bolívar, originada por tal hecho, entre otras circunstancias, causaron un pánico cambiario que sólo comenzó a atenuarse hacia el 7 de febrero… «
Es fundamental reiterar, aunque el oficio pretende ubicarlo como un hecho aislado y sobrevenido, que la intervención del Banco Latino, fue consecuencia exclusiva de la decisión del Banco Central de Venezuela de excluirlo de la Cámara de Compensación.
Esa, es la causa eficiente del desencadenamiento del problema y el Banco Central de Venezuela no puede referirse a este evento como un hecho ajeno a sus propias ejecutorias, no puede hablar de «la intervención del Banco Latino» como quien se refiere a un hecho sobrevenido o ajeno a su conducta rígida y discriminatoria; al hecho de haber actuado en contradicción abierta con lo expresado en sus propios estudios, oficios, documentos y pronósticos sobre la Banca Venezolana.
Este oficio señala al Banco Latino como el agente sustantivo de la crisis y no como uno de los bancos afectados por el deterioro del sector económico y financiero.
Trata de desviar la atención sobre el hecho de que, realmente fue la decisión del BCV, equivocada o malintencionadamente la que desató la crisis
En el documento se llega a decir lo siguiente:
. . «…Esta considerable salida de capitales, concurrentes con la extensión de rumores sobre la solvencia y viabilidad de algunos bancos, se hizo patentemente manifiesta en la semana del 23 al 28 de enero y se extendió a las semanas siguientes, permitiendo que se produjera un efecto de contagio de la crisis del Banco Latino, por vía patrimonial, operativa o de imagen y tener debilidades estructurales que les hacían extremadamente vulnerables a una difícil coyuntura en la que coincidían una aguda fuga de capitales…»
Si esta afirmación es verdad, haber excluido al Banco Latino de la Cámara de Compensación, en las circunstancias que conocemos, es otra demostración de imprudencia o estupidez alarmante por parte del Banco Central de Venezuela y las autoridades, pues conociendo los riesgos de «contagio» por la relación «patrimonial, operativa y de imagen» con un significativo número de bancos , no cabe duda que la situación debió ser considerada, como de mucho peligro para la estabilidad del sistema de pagos del país y del sistema bancario en general.
Sin embargo, no hay rastros mínimos de prudencia en las decisiones del BCV; estos argumentos para la exclusión del Banco Latino contrastados con las declaraciones de los funcionarios públicos ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, en el proceso del Recurso de Nulidad de la resolución de intervención del banco lo demuestran.
La imprudencia de estos funcionarios generó elevados perjuicios al patrimonio público, que el mismo oficio cuantifica:
«…Como consecuencia de la intervención del Banco Latino, el sistema bancario venezolano experimentó una de las más fuertes conmociones de que se tengan antecedentes. La desconfianza generalizada hacia un segmento tan importante del sector bancario y hacia el bolívar …
…cabe señalar que la pérdida de reservas internacionales al momento en que se iniciaron los auxilios financieros (semana que finalizó el 28 de enero) había alcanzado a USA $ 949 millones…»
Entiendo que esta cifra de pérdidas de reservas superó los 3.000 millones de dólares americanos, todo ello derivado de la forma como manejaron las autoridades la situación; pues por más que se le quiera atribuir a los administradores del Banco Latino todas estas responsabilidades y culpas, no hay duda que las autoridades estaban facultadas técnica, financiera y legalmente para actuar con sentido de protección del país y no en la dirección negligente y dolosamente retaliativa contra una sola institución como lo hicieron. Los accionistas del Banco Latino ofrecieron toda su colaboración a los fines de que se estructurara un plan de salvamento, sobre el cual no hubo manera de recibir el soporte del BCV y del Ejecutivo.
Las autoridades no pueden decir que ignoraban las graves consecuencias de su decisión, pues estaban en posesión de toda la información necesaria derivada de sus estudios e inspecciones . Así lo han proclamado innumerables veces, para defender lo hecho en favor del resto de los bancos.
Los circuitos «off shore» y las «mesas de dinero» se pretendieron presentar como característicos de la administración privada del Banco Latino, lo que es falso y tendencioso, pues su todos los informes de la Superintendencia de Bancos y hasta, en declaraciones en los periódicos del extrovertido banquero Oscar García Mendoza, se hablaba sobre el uso generalizado de estos instrumentos en nuestro sistema financiero.
Sin embargo, el Banco Central de Venezuela pretende «excusarse» de sus equivocadas decisiones en este caso cuando dice:
«…Por otra parte, la crisis del Banco Latino se produjo en un ambiente fuertemente influenciado por incertidumbres políticas, el desconocimiento e indeterminación en torno a la política económica del Gobierno entrante, temores de control de cambio y nacionalización de depósitos y rumores de diversas índole que afectaron a numerosas instituciones financieras”
Precisamente por la existencia de estos elementos, es que se configuraba -mejor que nunca- el cuadro de circunstancias en las cuales procedía la aplicación de los artículos 255 y 314 de la Ley General de Bancos.
No se compagina la rígida y «estricta» posición asumida por el Banco Central de Venezuela contra el Banco Latino, cuando en el citado oficio reconoce que dicha institución representaba cerca del 20% del Sistema Bancario Nacional, por sí misma y por sus relaciones con un número importante de instituciones.
Las contradicciones siguen, al expresarse en este oficio que:
«…Dadas las manifiestas dificultades que se habían interpuesto para atender oportunamente la crisis del Banco Latino, era imposible suponer que las instituciones del Estado responsables para ello, se encontraban en condiciones de atender la intervención simultánea de otras instituciones y la suspensión de sus operaciones. Pero además, esta opción resulta totalmente inconveniente, pues hubiese agregado un elemento de mayor desestabilización en el mercado monetario y el sistema financiero, adicional a la situación ya creada por la intervención y cierre del Banco Latino, con efectos de propagación sobre las demás instituciones, provocando además una paralización del sistema de pagos del país, hecho éste que de haberse producido hubiera sido insostenible socialmente».
No hubo nunca «manifiestas dificultades» para aplicar la ley de bancos vigente, lo que faltó fue la voluntad, para activar los mecanismos legales y financieros con que se contaba. Deliberadamente, se paralizó cerca de veinte céntimos de cada bolívar en circulación, un cuarto de toda la liquidez del Sistema Bancario Nacional sin pensar, en ese momento, en las consecuencias sociales que ello produciría.
Todas estas incoherencias se pusieron en práctica al vencimiento de la primera quincena del año 94, cuando los bolsillos de la población estaban exhaustos por los gastos de fin de año. No hay duda que la desestabilización social creada por semejante disparate tendría graves consecuencias que deben ser evaluadas y asignadas las responsabilidades a quienes les corresponda.
La inobservancia de la normativa legal aplicable, da cabida para evaluar las motivaciones que llevaron a semejante imprudencia, y posiblemente dolosa conducta por parte de las autoridades.
Conviene recordar aquí, que fue cerca del 60% de la Banca, la que colapsó por el impacto de la situación política y económica, no por problemas aislados de una institución financiera, como se presenta confusamente en ese oficio.
LO ABSURDO PARA EL LATINO Y LO RAZONABLE PARA EL RESTO DE LA BANCA.-
Este oficio describe las dos opciones que pueden tomar las autoridades en una situación que cuadra perfectamente en el caso del Banco Latino en enero de 1994. Explica el oficio que se puede:
«..a) No auxiliar a los bancos afectados, lo que determinaría su imposibilidad de atender los compromisos derivados de la compensación diaria de cheques, con lo cual hubiese quedado inevitablemente excluidos del sistema de compensación, dando lugar a efectos altamente desestabilizadores del sistema productivo por sucesivas suspensiones e intervenciones que podrían implicar una repetición potenciada de las situaciones vividas con la intervención del Banco Latino…»
b) Auxiliar financieramente a ese grupo de bancos, para atender su demanda de depósitos, a través de Fogade y haciendo uso de los mecanismos legales para ello».
Ninguna opción estaba libre de costos, pero, sin embargo, es claro que la segunda, que fue finalmente escogida por las autoridades, representaba una decisión más racional, apropiada y conveniente respecto a la primera, pues ésta conducía, inexorablemente, a una generalización de la crisis de confianza en el Sistema Bancario, en la Moneda Nacional y, a un colapso del sistema de pagos del país….»
NO HAY una explicación racional para haber aplicado la alternativa “a” Banco Latino en Enero de 1.994.
De haberse hecho una decisión «mas racional, apropiada y conveniente respecto a la primera» se habrían evitado las nefastas consecuencias ocasionadas por la intervención y cierre del Latino, pues en ese caso no se agotaron los mecanismos de auxilio financiero previstos en la legislación aplicable.
Hay muchas demostraciones de la inconsistencia de las respuestas ofrecidas por las autoridades, puede apreciarse en los siguientes testimonios personales:
1. Hernan Anzola
El «Crash» del 94
El Universal. 7-1-95 (pág. 2-2).
«…Por qué razón se intervino el Banco Latino en lugar de darle auxilio financiero? Esta institución fue la primera en caer, cuando la nueva Ley de Bancos apenas tenía días de haber entrado en vigencia. Las autoridades hicimos esfuerzos por evitar que el Banco fuera excluido de la Cámara de Compensación de cheques del BCV y luego de que esto irremediablemente ocurriera el 13 de enero de 1994, para no tener que intervenirlo. Cuando 3 días después se produjo la intervención, las autoridades no disponíamos de información para concluir que la estabilidad del sistema financiero estaba en peligro y poder invocar el mecanismo de auxilio previsto para ello en el artículo 314 de la recién promulgada Ley de Bancos. Los masivos auxilios financieros y los anticipos del BCV que se dieron con posterioridad a la caída del Banco Latino pueden ser criticados, pero fueron concedidos con apego a la Ley… «
Con esta «confesión», el doctor Hernán Anzola, Ministro de Cordiplan, Miembro del Directorio del BCV, Comisionado Presidencial para la redacción de la nueva Ley General de Bancos y en consecuencia, receptor de las comunicaciones del Fondo Monetario Internacional que hemos citado en esta denuncia, desmiente de un “plumazo” el contenido de todos los oficios del BCV que aseguran haber » …advertido oportunamente y reiteradamente al Ejecutivo Nacional sobre la situación del sector bancario…» , Hernán Anzola pretende desconocer todo esta realidad diciendo simplemente : “…las autoridades no disponíamos de información para concluir que la estabilidad del sistema financiero estaba en peligro…”
Además, declara que la Ley tenía apenas “unos días” de haber sido promulgada, sugiriendo que no la conocían, aún y cuando él tenía seis meses trabajando en el proyecto en una comisión de la cual el ex-presidente del Banco Latino Gustavo Gómez López, formaba parte y se reunían dos veces y hasta tres veces a la semana para trabajar en los detalles de la ley, que de paso tenía cuatro años en discusión y preparación, Hernán Anzola pretende desconocer todo esta realidad diciendo simplemente : “… la nueva Ley de Bancos apenas tenía días de haber entrado en vigencia…”.
Si Hernán Anzola está diciendo la verdad, el BCV está mintiendo, o viceversa, por ello solicito se tramite esta denuncia y se abra la investigación correspondiente.
ES PRECISO DECIR OTRA MENTIRA
2. Ruth de Krivoy
El Nacional, 1995 cuerpo de Economía- pag:2
«…el Banco Latino había manifestado su decisión de no recurrir a Fogade haciendo imposible cualquier mecanismo de asistencia financiera sin su previa intervención ya que, aún en el caso del artículo 314, se requiere que el banco a ser auxiliado convenga en obtener la asistencia financiera y acepte someterse a las medidas que se le exijan… «
Aquí se revela, que la astuta doctora Ruth de Krivoy se dio cuenta del grave error cometido y recurre a la maniobra de fabricar esta absurda teoría.
La Presidente del BCV se ha inventando esta presunta negativa que nunca tuvo lugar y que, por supuesto, no consta en ningún documento que pueda soportar su declaración a la prensa. No en vano expresa que el que se negó fue «el Banco Latino». No puede decir con nombre y apellido cual o cuáles personas autorizadas le expresaron ese sin sentido.
Antes de profundizar mas, convendría preguntarse cuales condiciones fueron impuestas a los demás bancos que , mantuvieron sus juntas directivas intactas, a los cuales ni siquiera les exigieron avalúos de los activos o evaluación de las carteras entregadas como respaldo de los auxilios financieros y ni hablar de límites de cifras o avales personales.
Los auxilios en base al artículo 314 fueron entregado a la banca, sin condiciones que no hubiera cumplido ya el Banco Latino bajo las instrucciones de la Superintendencia de Bancos. Mas aún, es de público conocimiento que su presidente Gustavo Gómez López renunció al cargo en Diciembre de 1.993, precisamente para facilitar las negociaciones con FOGADE y el BCV sobre un auxilio financiero, que se pronosticaba necesario por la prolongación de la campaña de rumores y corrida de depósitos.
Cabe mencionar que la doctora Ruth de Krivoy, nunca se refirió a esta negativa en ninguna de sus declaraciones ante el Congreso durante 1.994 a raíz de las investigaciones parlamentarias que se abrieron inmediatamente después de la intervención y cierre del banco; esta es una versión convenientemente acomodada de los hechos que, seguramente, utilizará sin poder probarla o fundamentarla en documentación o testimonios serios, en contraste con todos los alegatos aquí presentados que están abundante y sólidamente documentados.
Conociendo quienes eran sus integrantes, nadie puede creer que los directivos del grupo Latino fueran tan «PENDEJOS » como para rechazar una ayuda, antes de perder el banco, más aún, cuando existe abundante evidencia de que se estaban presentando garantía de Bonos de la Deuda Pública y AVALES PERSONALES en procura de la misma.
Este inverosímil intento de Ruth Krivoy de modificar la historia en provecho de su absolución, prueba el grado de desesperación y remordimiento de conciencia por lo desacertado de sus actos.
3. Doctor Carlos Rafael Silva.
El Ministro de Hacienda y Presidente del Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos que decidió la Intervención del Banco Latino, en su folleto titulado «EL EJECUTIVO NACIONAL y LA INTERVENCION DEL BANCO LATINO», publicado en Caracas, abril de 1994, revela múltiples inconsistencias y falsedades que lo acusan:
Pág. 48
«…4) El derrumbamiento de esa institución es consecuencia fundamental de su insatisfactoria administración a lo largo de varios años y por no haber podido acceder a una asistencia financiera del Instituto emisor al no contar con activos idóneos, para obtener esa asistencia y dentro de una política crediticia restrictiva aplicada por el Banco Central de Venezuela hasta ese momento, en ejercicio pleno de la autonomía que le otorga la ley a su Directorio… «
En esta página el Ministro de Hacienda y Presidente del Organismo que tomó la decisión contra el Banco Latino, desconoce y quiere borrar de la historia:
1.- Las afirmaciones sobre los antecedentes de la crisis y su génesis, expresadas por Francisco Faraco y Romano Suprani, Ruth de Krivoy, Roger Urbina, Asdrúbal Baptista y el propio Fondo Monetario Internacional.
2.- La existencia de los Bonos a cargo del Estado Venezolano, por 8.400 millones de bolívares, más los otros 1.800 millones de bolívares tal como lo declararon bajo juramento tanto el Presidente del Centro Simón Bolívar como el Ministro de la Defensa Radamés Muñoz León , ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo y cuyo «físico» reposaba en la bóveda del BCV.
3.- La reunión del Consejo de Ministros, que efectuó el Presidente de la República doctor Ramón José Velásquez , según su declaración jurada ante el mismo tribunal, en la cual, ordenó llevar al Banco Central de Venezuela dichos Bonos que cubrían los requerimientos de caja del Banco Latino para ese momento.
4.- Cualquier responsabilidad y señala que fue el Banco Central de Venezuela, quien se comportó «restrictivo» con el Banco Latino. y
5.- La existencia de los oficios tantas veces mencionados, en los cuales el BCV, conocía y «advirtió oportuna y sistemáticamente» al Ministros Silva sobre los problemas del Sistema Financiero y sus consecuencias.
El Ministro de Hacienda Carlos Rafael Silva – siendo por la ley, el principal responsable de la política financiera del Estado – nunca asumió un papel activo en la búsqueda de soluciones. Testigos calificados han revelado, que sus palabras al momento de la crisis de liquidez del Banco Latino fueron «..a mi no me llamen sino para firmar el decreto de intervención de ese banco…». Además este funcionario evadió conjuntamente con Ruth de Krivoy la citación que hiciera la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para aclarar las mencionadas circunstancias. Silva se le escondió a los alguaciles para evadir declarar bajo juramento.
En la página 47 , el Ministro Silva expresa:
«…Es totalmente infundada la aseveración de una presunta negligencia en la actuación del Ejecutivo Nacional en el seguimiento de la búsqueda de soluciones a la crítica situación planteada por el Banco Latino…»
Sorprende la afirmación del Ministro, pues tanto en la publicación que comentamos como en diversas intervenciones públicas, el Ministro ha planteado que:
«…En lo que se refiere al período de la gestión gubernamental del Doctor Ramón José Velásquez, el propio Presidente fue informado por al Presidente del Banco Central de Venezuela, en comunicación fechada 1 de diciembre de 1993, en la cual le señalaba la existencia de algunas dificultades de liquidez que confrontaban un grupo de siete (7) bancos, sin señalamiento alguno del banco individual, ni mención de especiales de solvencia.»
Con esta afirmación, el Ministro pretende convencer al lector que el problema llegó a conocimiento del Ejecutivo Nacional el 1 de diciembre de 1993, a pesar de que los oficios hablan en el caso del Latino, de una corrida de depósitos que se extendió por mas de 70 días. En cual país vivía el Ministro ¿?
Pero el oficio RSFN-93-05-44 del 19 de mayo de 1993 dirigido al Ministerio de Hacienda lo desmiente pues expresa:
El Banco Central de Venezuela informó sobre:
«…los resultados detallados del estudio efectuado internamente sobre la situación de solvencia del sistema bancario nacional y los cambios operados en su rentabilidad «
Y precisamente el oficio 00347 – de fecha 1 de diciembre de 1993 (ver anexo No.11) Dirigido al Presidente de la República doctor Ramón José Velásquez expresa:
«…En la tercera semana del mes de noviembre de 1992, el Banco Central de Venezuela puso a la disposición del Ejecutivo Nacional los resultados de sus estudios sobre las condiciones de solvencia y rentabilidad del sistema.
…Igualmente, al iniciar su gestión el actual Ministro de Hacienda ( Carlos Rafael Silva), en las reuniones realizadas para el tratamiento de materia de interés común a su Despacho y a este instituto, me permití informarle sobre la situación bancaria y sobre la necesidad de que la Superintendencia de Bancos adoptara las medidas preventivas que fueran aconsejables… «
El Ministro no dijo la verdad o el BCV está mintiendo, pues el oficio lo contradice claramente al decir que «… al iniciar su gestión el actual Ministro de Hacienda ( Carlos Rafael Silva ), en las reuniones realizadas para el tratamiento de materia de interés común a su Despacho y a este instituto, me permití informarle sobre la situación bancaria …» . El doctor Silva, en su publicación trata de engañar al lector, ocultando su conocimiento de la situación bancaria con anterioridad al oficio que él menciona.
Es necesario averiguar las motivaciones de este contradictorio o falso testimonio por parte del doctor Silva.
Todo parece indicar que el Ministro de Hacienda y Presidente del Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos, actuó con premeditada animadversión y atendiendo a motivaciones desconocidas y ajenas al alto cargo que ejercía. En su publicación, no sólo parece estar mintiendo abiertamente sobre el grado de información que poseía personal e institucionalmente sobre la Banca en general, su potencial crisis y consecuencias; sino además, que dedica varias páginas a falsificar hechos y cifras en el caso específico del Banco Latino que veremos a continuación.
El Ministro de Hacienda afirma:
«…Esta institución bancaria experimentó un crecimiento súbito y pronunciado al ser designado, en 1989, Presidente del Banco Central de Venezuela, quien en aquel entonces presidía el Banco Latino (Pedro R. Tinoco, h). A raíz de tal hecho, sus operaciones experimentaron un incremento sustancial, especialmente la constitución de fideicomisos y captación de depósitos concertados con una serie de instituciones del sector público, a la par que las obligaciones con el Banco Central de Venezuela disminuyeron significativamente…»
…Siempre juzgué que la decisión presidencial (del Presidente Carlos Andrés Pérez) de encomendarle la administración del Banco Central de Venezuela a quien fuera presidente de un banco comercial fuertemente endeudado con el Banco Central de Venezuela (Dr. Pedro R. Tinoco, h) no era lo más razonable. En el libro que escribí en 1990 con el título de «Medio Siglo del B.C. V.», en la parte donde reseñaba como se solía escoger los candidatos postulados por el Consejo Bancario Nacional para integrar el Directorio del Banco Central de Venezuela, dije que la política tradicional seguida al respecto fue modificada sustancialmente en los últimos años y tuvo su máxima expresión…cuando el Presidente de la República designó Presidente del Banco Central de Venezuela al Presidente del Banco Comercial que tenía la más alta y persistente deuda con el Banco Central de Venezuela. Al separarse el citado ex-presidente del Banco Latino (Pedro R. Tinoco, h. ) de la Presidencia del Banco Central de Venezuela y, posteriormente, cuando ocurrió su fallecimiento, cesó el ritmo de expansión del mencionado banco comercial. «
Es bueno destacar estos rasgos de animadversión personal que el Ministro Carlos Rafael Silva manifiesta hacia el Doctor Pedro R. Tinoco hijo, quién fuera el líder de la organización Banco Latino hasta el año 1.989 en que fue designado Presidente del Banco Central de Venezuela por el Presidente Carlos Andrés Pérez.
Apartando la imprecisión estadística sobre el tema del redescuento con el BCV, su desenfadado ataque llega a los extremos de publicar falsedades de toda naturaleza, apoyado en el ambiente de «triunfadores» que se respiró al cerrar el Banco Latino, sin que ese placer le permitiera darse cuenta de haber tomado la más disparatada y costosa decisión que se haya hecho en la historia financiera de Venezuela.
La animadversión explícita del máximo funcionario gubernamental del área financiera hacia el Banco Latino es tan abierta que no necesita explicaciones, pero las falsedades sobre aspectos técnicos como los depósitos y los fideicomisos, si conviene precisarlas.
Para que no quede dudas sobre la manipulación de las cifras en la publicación mencionada, comencemos por él párrafo ya citado:
«…Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Banco Latino recibió inmensas cantidades de depósitos gubernamentales y se abrieron fideicomisos de empresas del estado y de las empresas petroleras…»
Para demostrar la posición sesgada y la ausencia de objetividad del funcionario, solo hay que revisar las cifras oficiales del sistema bancario en general y del Banco Latino en particular. Veamos :
Al 31 de diciembre de 1993, el total de depósitos del Banco Latino era de:
146.370 millones de bolívares.
El monto de depósitos oficiales era de:
14.370 millones de bolívares.
Es decir, que el porcentaje de los depósitos gubernamentales sobre el total , era del
9.8% .
Según el boletín de la Superintendencia de Bancos publicado sobre los balances al 31 de marzo de 1994, Los depósitos totales del sistema bancario sumaban :
1.378.000 de millones de bolívares.
El monto de depósitos oficiales era de:
121.000 millones de bolívares
Es decir, que el porcentaje de los depósito gubernamentales sobre el total, era del
8.8% .
De manera, que el Banco Latino presentaba para el 31 de diciembre de 1993, solamente un 1%, por encima del promedio nacional y 2% por encima de la media que presentaban, los bancos Provincial, Venezuela, Mercantil, Unión y Consolidado, ubicado en el 7.8%.
Aunque, conviene destacar que dentro de ese grupo hay casos como el Banco Unión con un 21.3% de depósitos gubernamentales sobre el total de sus captaciones y el Banco Provincial con 9.8%, la misma proporción que tenía el Banco Latino al momento de la intervención.
Carlos Rafael Silva miente con el ánimo de confundir, cuando afirma que el Latino, haya sido favorecido masivamente en materia de depósitos oficiales. Las cifras emitidas por la Superintendencia de Bancos lo ponen en evidencia. No hubo tal favoritismo, ni durante el gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez, mientras el ex- presidente del Banco Latino, doctor Pedro R. Tinoco, fue Presidente del Banco Central de Venezuela. El crecimiento de la institución se basó en la captación de depósitos del público y no en el favoritismo oficial. El Latino era el banco numero uno en depósitos de ahorro del público.
Las cifras lo desmienten.-
Tampoco es verdad lo afirmado por el doctor Carlos Rafael Silva sobre los fideicomisos contratados por el sector oficial con el Banco Latino. Quizás de esta falacia proviene toda la escandalosa persecución que se ha desatado contra los administradores del Banco Latino en nombre de los fideicomisos.
La simple verdad es que ningún Fideicomiso establecido por la Industria Petrolera en el Banco Latino, fue pactado o firmado durante el tiempo que el doctor Pedro R. Tinoco h. ejerció la Presidencia del Banco Central de Venezuela.
Todos los contratos se firmaron mientras Pedro R. Tinoco hijo era el Presidente del Banco Latino C.A.y durante diversos gobiernos anteriores al período presidencial de Carlos Andrés Pérez. ( 1.989 – 1.993 )
Estas son las fechas :
Operadoras Fecha de la firma del Contrato
Corpoven 30 julio 1982
Maraven 11 agosto 1984
Lagoven 05 noviembre 1985
Petroleos de Venezuela 06 enero 1986
Intevep 30 enero 1986
Cepet 31 agosto 1987
Pequiven 03 mayo 1988
Palmaven 06 julio 1988
Igualmente los Fideicomisos de las Fuerzas Policiales venezolanas, fueron firmados con mucha anterioridad a la oportunidad en que el doctor Pedro R. Tinoco fuera designado Presidente del Banco Central de Venezuela en 1.989 por el Presidente de la República Carlos Andrés Pérez.
Cuerpo Policial Fecha de la firma del Contrato
P.T.J. 14 abril 1983
D.I.S.I.P. 05 julio 1986
Los datos que aporto tienen fecha cierta, pues los contratos fueron legalizadas ante Notarías Públicas, lo que es verificable en el departamento de fideicomiso del Banco Latino. Estas fechas no mienten.
En cambio el Ministro de Hacienda doctor Carlos Rafael Silva si miente y no puede contradecir documentalmente lo aquí afirmado.
Las explicaciones del Ministro de Hacienda y Presidente del Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos, sobre el origen de la crisis bancaria se basan en apreciaciones prejuiciadas y sin base documental. Lo que revela claramente que sus ejecutorias tuvieron motivaciones ajenas a las que imponía la majestad de su cargo.
El Ministro OMITIÓ la información que poseía sobre los oficios del Banco Central de Venezuela, no atendió de ninguna manera los problemas generados de la corrida de depósitos y mintió, dolosamente, sobre las causas de la Crisis del Banco Latino; generando con su conducta graves daños a esa institución y a la República.
El Ministro de Hacienda estuvo totalmente ausente durante el desarrollo de estos eventos y se negó a recibir a los accionistas del Banco Latino para contribuir al cese de los rumores que llevaron al banco Latino, como a cualquier otro banco en esa circunstancia, a agotar sus disponibilidades de caja.
Con una actitud como la revelada en su publicación, días después de la intervención del banco, los rumores solo pudieron haberse expandido y aumentado durante su gestión. El propio Ministro de Hacienda y otras empresas del Estado como AEROPOSTAL estaban entre los promotores de la corrida de depósitos. El final no podía ser diferente.
El Ministro Silva sí acepta responsabilidad sobre los «esfuerzos efectuados» y descritos en la página 18 de su folleto, Silva revela que:
«…finalmente, el día 20 de enero de 1994, el Presidente de la República, acompañado de los Ministros de Relaciones Interiores, Hacienda, de la Secretaría de la Presidencia y de la Descentralización, de las Presidencias de Fogade y el Banco Central de Venezuela, del Dr Julio Sosa Rodríguez, Coordinador de las Comisiones de Enlace y Asesor Económico del Presidente electo, anunció, por la red de televisoras y radiodifusoras del país, un detallado plan para afrontar la crisis bancaria, el cual había sido ya discutido con las autoridades financieras, previa consulta con el Presidente electo Doctor Rafael Caldera, quien ofreció dar la continuidad necesaria a los nuevos mecanismos. Se anuncia la designación de una Junta Interventora e, igualmente, de un Comité Asesor integrado por los Presidentes de los Bancos Provincial, Mercantil, Venezuela, Unión, Consolidado, Caribe, Bancor e Italo Venezolano..»
Entonces fue responsabilidad del Ministro de Hacienda, haber designado para el Banco Latino, un «Comité Asesor» compuesto por ocho bancos , de los cuales cinco estaban manifiestamente golpeados financieramente por la misma circunstancia económica y financiera. Es decir, dos tercios de los competidores designados «curadores» del Banco Latino estaban en igual circunstancia o más comprometidos que el propio Latino, al extremo que cinco (5) de ellos fueron estatizados o intervenidos ese mismo año.
La discriminación y manejo prejuiciado del caso Latino, se confirma al coordinar esta acción del Ministro de Hacienda con lo expresado en la página 10 del oficio dirigido por el BCV a la Contraloría General de la República citado supra.
Recordemos que este oficio cita las acciones tomadas por el Banco Central de Venezuela a favor de todos los bancos, excepto al Banco Latino y las justifica en virtud de la obligación legal del instituto emisor de evitarle peligros a la estabilidad del Sistema Financiero Nacional. Dice así:
«…Ante la coyuntura descrita, era entonces imprescindible la activación de los mecanismos previstos en la Ley General de Bancos para atender este tipo de situaciones que colocaban en serio peligro la estabilidad del sistema financiero, toda vez que ya para ese momento, los bancos comprometidos carecían de títulos de crédito elegibles para operaciones de crédito ordinario con el Banco Central de Venezuela… «
Luego, debemos entender que “era imprescindible” activar los mecanismos legales previsto en la ley para auxiliar a los demás bancos “… porque carecían de títulos de crédito elegibles para operaciones de crédito ordinario con el Banco Central de Venezuela… “mientras que, según el folleto de Silva, al Banco Latino se le expulsó del sistema “… al no contar con activos idóneos, para obtener esa asistencia y dentro de una política crediticia restrictiva aplicada por el Banco Central de Venezuela hasta ese momento…”
Es necesario investigar por qué:
1.- a.- En Enero 12 de 1.994, para el Banco Latino, solo había crédito si lo garantizaba con Bonos de la Deuda Pública, que por cierto, ese banco poseía y estaban en la bóveda del BCV y aún así, se le negó la aplicación de los mecanismo de auxilio pues otro funcionario público no asistió puntualmente a una cita “del endoso”.
b.- Se rechazaron los avales personales de los directivos y accionistas como un mecanismo transitorio de despejar la situación y
c.- Se le expulsó de la Cámara de Compensación por una deficiencia de caja equivalente a una fracción del monto del valor facial de los citados Bonos.
Y que :
2.- El l6 de enero de 1.994 para el resto del sistema bancario, se ofreció apoyo de liquidez sin límites ni garantías de ninguna clase, se les permitió reducir y utilizar los encajes legales y ni siquiera se les exigieron los avales personales, que en el caso del Banco Latino fueron voluntariamente ofrecidos y rechazados.
Todo este contradictorio escenario confirma que cada quién está diciendo cosas cada vez mas reveladoras sobre las trastiendas que caracterizan a este caso. La diferencia de “políticas” es de 4 días entre una y otra. El Banco Latino sí tenía títulos de crédito elegibles y aún teniéndolos se le negó el acceso a los mecanismos legales que hubieran contribuido a proteger a los clientes del banco, al sistema y a la comunidad en general (artículos 314 y 225 de la Ley de Bancos vigente). Por ello solicito que se abra la investigación correspondiente por parte de ese despacho.
La crisis bancaria detonada por los hechos que destacamos, es de tal profundidad que la última información que se tiene, estima un plazo de 20 años para la recuperación parcial de los recursos destinados por el Banco Central y FOGADE a mitigar el problema creado en enero de 1.994.
Finalmente, para desmentir una vez mas la teoría del Dr, Carlos Rafael Silva sobre los “esfuerzos realizados” en el caso Latino, a continuación transcribimos los testimonios que bajo juramento ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo suscribieron el Ministro de la Defensa, Almirante Radames Muñoz León y el Superintendente de Bancos y primer interventor del Banco Latino, doctor Roger Urbina M.
1.- Almirante Radames Muñoz León:
Testimonio de fecha 17-4-95
«En el Consejo de Ministros del día 13 de enero de 1994, el Ministro Hernán Anzola explicó los pormenores de la situación del Banco Latino y las consecuencias de lo que podría suceder de esta crisis, que se resumía en la posible intervención del Banco; informó sobre el monto de dinero fuera de la Cámara de Compensación que ascendía aproximadamente a 4.000 millones de bolívares y explicó también que una de las soluciones para la solución inmediata de la crisis era el pago de aprox. 8.000 millones de bolívares en Bonos del estado del Centro Simón Bolívar, lo cual cubría el déficit correspondiente y. daba un margen operativo al banco, para sus inmediatas necesidades; ante este argumento y otros expuestos en el Consejo de Ministros y considerando que las prestaciones sociales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Técnica Judicial y de los Trabajadores de PDVSA; así como los fondos de las partidas de algunos organismos del Estado estaban dentro del Banco y bajo la consideración genera y a mi juicio de mayor importancia, que tal intervención podría desatar en el sistema financiero venezolano, con la creación del pánico financiero al público y lo que suele llamar » efecto dominó » en el resto de los bancos del país, tomé la palabra, hice las exposiciones anteriormente citadas y manifesté mi oposición a la intervención del banco, tomando en consideración que el Consejo de Ministros no decide esta materia, pero que el mismo Consejo tenía la solución con los Bonos ya mencionados; oídas todas las propuestas del Consejo de Ministros el Presidente Ramón José Velásquez ordenó al Ministro Hernán Anzola y al Presidente del Centro Simón Bolívar y Gobernador de Caracas, Cesar Rodríguez levantarse del Consejo de Ministros y proceder de inmediato al pago de lo adeudado para solventar la crisis planteada. Dicho pago no llegó a tiempo frente a las autoridades correspondientes del Banco Central de Venezuela y en base a una razón técnica, legal, se produjo la intervención con las consecuencias conocidas hasta hoy y previstas en ese Consejo por mi persona…»
Este Consejo de Ministros se celebró a las 7:00 de la mañana del día 13 de enero de 1.994 y según los oficios emitidos por el BCV que hemos analizado, a las 4:00 de la tarde de ese mismo día, nadie se había presentado a la sede del instituto emisor en nombre del Centro Simón Bolívar.
El Presidente de la Asamblea de accionistas del Centro Simón Bolívar y deudor del Banco Latino era el Dr. Carlos Rafael Silva.
El Presidente del Centro Simón Bolívar Dr. César Rodríguez, declaró bajo juramento ante los tribunales, haberse presentado “a tiempo” y haber sido “encerrado” en una oficina del Banco central por “mas de una hora”.-
2.- Dr. Roger Urbina M.
A la pregunta formulada por el doctor Morris Sierraalta:
«Tercero: ¿Diga el deponente si se agotaron por parte de las instituciones del Estado, todos los mecanismos para evitar la exclusión del Banco Latino de la Cámara de Compensación?
Respuesta: «Considero que sí, excepto en lo atinente a la consideración de otorgar auxilio financiero, bien fuera , por el artículo 225 o 314 de la Ley de Bancos..»
Esto significa que NO, pues si existía un mecanismo jurídico-financiero específicamente diseñado para esa circunstancia y dicho mecanismo no se «consideró»; simplemente, no se «agotaron» por parte del BCV y las autoridades financieras, TODOS los recurso legales disponibles para evitar la intervención y cierre del Banco Latino. Mas aún, lo único que se podía y debía hacer según la “regla de oro” del Dr. Baptista, según los oficios del BCV al Contralor, el folleto del Ministro Silva y la ley de bancos, fue precisamente lo que no se hizo.
En enero de 1.994 las autoridades monetarias omitieron dolosamente el cumplimiento de sus deberes legales establecidos en el artículo 2 de la Ley del Banco Central de Venezuela y el Ministro de Hacienda con las obligaciones atinentes a su cargo. A su vez negaron al Banco Latino, su derecho a recibir el auxilio financiero contemplado en la ley, lo que hubiera impedido la detonación de la crisis que vivió el país con las consecuencias económicas, políticas y sociales que generaron estas sancionables conductas.
Con posterioridad a estos hechos, la Junta Interventora del Banco Latino, violando el artículo 47 de la ley de Emergencia Financiera, llevó a esta institución a la total insolvencia, a pesar de haber recibido en dinero efectivo, auxilios financieros por el 100% de las presuntas pérdidas, situación que solicito sea investigada.
La fiscalía tiene la palabra.
IV CONCLUSIONES y PETITORIO
Ciudadano Fiscal General de la República, del contenido presente de este escrito, se evidencia claramente que el proceso que precedió al cierre temporal, intervención y posterior cierre y rehabilitación del Banco Latino estuvo signado por una serie de conductas omisivas y negligentes, algunas de ellas, improcedentes otras y posiblemente dolosas algunas que puedan ser enmarcadas en procederes contrarios a la diligencia debida en el desempeño de funciones públicas y al cumplimiento fiel de la norma aplicable. Dichas conductas ocasionaron serios perjuicios al patrimonio público, han sumido a la Economía Nacional a un proceso de inflación y recesión y mantienen al Sistema Financiero Nacional al borde del colapso. Por medio del presente escrito procedo a formular la correspondiente denuncia, solicito que el organismo a su cargo la tramite en la forma de Ley, determine las responsabilidades a que hubiere lugar e imponga las sanciones aplicables.
Denunciante : Dra. Esther Pernía Guzmán
Denunciados: Dra. Ruth de Krivoy
Dr. Carlos Rafael Silva
Dr. Gustavo Roosen y los interventores Germán García Mendoza, Francisco Palma y
Jacques Vera.