Declaración Jurada de Rorger Urbina
Declaración de Roger Urbina como reacción a la respuesta de Venezuela a la Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La respuesta de alguna manera mal interpreta su declaración, ante la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se ventila la nulidad del decreto de intervención del Banco Latino, al usar extractos aislados que cambian el verdadero sentido de lo dicho.
Yo, Roger Urbina, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, de Profesión Ingeniero civil, titular de la cédula de Identidad Nro. 1.746.732, hago las siguientes declaraciones bajo pena de perjurio, bajo título 28, U.S.C.S1746
1.- Soy residente de Caracas, Venezuela, mayor de 18 años de edad y deseo declarar sobre los siguientes hechos relacionados a la petición de Gustavo Gómez López y la respuesta de Venezuela a dicha petición
2.- Yo fui Superintendente de Banco en Venezuela desde Julio de 1992 hasta Febrero de 1994, fecha en la cual voluntariamente renuncié a mi cargo. Como Superintendente, fuí testigo de la crisis que atravesaba el sistema financiero, y fuí responsable por la supervisión oficial tanto del Banco Latino como de todos los bancos en Venezuela.
3.- Yo he revisado una copia de la respuesta de Venezuela a la Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La respuesta de alguna manera mal interpreta mi declaración, ante la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se ventila la nulidad del decreto de intervención del Banco Latino, al usar extractos aislados que cambian el verdadero sentido de lo dicho.
La Intervención del Banco Latino.
4.- Primero, la respuesta confunde los hechos que llevaron a la intervención del Banco Latino. Venezuela menciona ciertos oficios que la Superintendencia de Banco emitió (oficios que fueron presentados en mi declaración ante la Corte de lo Contencioso Administrativo) sugiriendo que el Banco Latino incumplió con las recomendaciones que dichos oficios precisaban. Eso no fue así. Debo puntualizar que el Banco Latino C.A. posteriormente S.A.C.A. siempre cumplió razonablemente los requisitos de la Superintendencia, razón por la cual nunca fue suspendido de sus operaciones ordinarias. Además, muchos de los oficios presentados en la respuesta, se refieren al plan de ajuste no solo para el Banco Latino sino para otros bancos del sistema (ver anexo#1). Dicho plan de ajustes fue aceptado por los presidentes de esos bancos, incluyendo al Dr. Gustavo Gómez López.
5.- El Gobierno presentó cargos en mi contra por no haber supervisado correctamente al Banco Latino y a otros bancos, “encubriendo” sus problemas. Por su parte, la Corte encontró que yo había actuado conforme a mis responsabilidades y rechazó en su totalidad los cargos en mi contra.
6.- Segundo, es importante resaltar que Venezuela sugiere en su respuesta que el Banco Latino fue intervenido debido a una falta en la gerencia del Banco de actuar correctamente. Eso es incorrecto. La génesis de la crisis fue fundamentalmente la política macroeconómica y monetaria (altas tasas de interés entre un 70% y 100%) implementada por el Banco Centra de Venezuela, un inmenso déficit fiscal en el presupuesto nacional, además de la inestabilidad política como consecuencia de la destitución del Presidente de la Republica, dos presidentes interinos y el proceso electoral en menos de 4 meses, a lo cual se le sumó la “corrida” de depósitos que afectó principalmente al Banco Latino durante Diciembre de 1993 y Enero de 1994, de la cual estaban ampliamente informadas las autoridades. Esta “corrida” era el efecto de una cadena de rumores que afectaban al Banco Latino directamente además de una gran parte del sistema financiero.
7.- Los directores del Banco Latino venían cumpliendo con el requerimiento de aumento de capital para atender la crisis. De hecho, a fines de diciembre de 1993, se produjo un aumento de capital de 2 mil millones de bolívares.
8.- Posteriormente la Superintendencia requirió que el Banco Latino incrementara su capital y reserva en 22 mil millones de bolívares en menos de 15 días. Específicamente, la Superintendencia requirió al Banco Latino incrementar su capital en 10 millones de bolívares el 4 de Enero de 1994 y tan solo 3 días mas tarde, requirió 12 mil millones de bolívares mas que debían ser atendidos al 13 de Enero de 1994. Habiéndose convocado para ello una asamblea. La exclusión del Banco Latino de la Cámara de Compensación el 13 de Enero de 1994 no permitió a los accionistas cumplir con lo requerido.
9.- Igualmente, existía en las bóvedas del Banco Central de Venezuela el físico provisional de los Bonos de la Deuda Pública que el Banco Latino otorgaría en garantía para recibir un auxilio financiero por parte del ente emisor. Bonos por un monto superior al requerido para evitar su exclusión de la Cámara de Compensación. Dichos bonos eran producto de un pago del Centro Simón Bolívar “ente oficial” al Banco Latino, solo se estaba a la espera de la cesión de dichos bonos que debió producirse antes de las 4 de la tarde, hora fijada por la presidente del Banco Central como limite para cerrar la Cámara de Compensación.
10.- El Banco Latino recibió un trato discriminatorio. Como lo expresé en mi declaración ante la Corte de lo Contencioso Administrativo, existían recursos para evitar excluir de la Cámara de Compensación al Banco Latino como la aplicación del artículo 314 de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, por parte del Banco Central de Venezuela, evitando así el colapso del sistema financiero. La exclusión del Banco Latino de la Cámara de Compensación, al negársele todo auxilio, forzó la intervención a puertas cerradas. Debo señalar que 72 horas mas tarde se procedió al auxilio financiero ilimitado al resto de la banca sin que se le aplicara la rigidez de criterio que se le aplicó al Banco Latino en material de garantía o condiciones para préstamos y auxilios, muy a pesar de que tanto el Banco Central de Venezuela como el Ministerio de Hacienda estaban en conocimiento de la difícil situación de esos bancos, según consta en el oficio de fecha 24 de Enero de 1994. (ver anexo #1)
Elementos de mi declaración ante la Corte de lo Contencioso Administrativo
11.- La respuesta exalta un fragmento de mi declaración sugiriendo que yo favorecí la intervención del Banco Latino. La respuesta cita textualmente “siempre fui partidario de una intervención a puertas abiertas”, sin embargo evita relacionarla a la pregunta, ¿Diga el deponente, como testigo calificado si Usted podría informarnos si hubiese resultado mejor que la intervención del Banco Latino se hubiese llevado a cabo a puertas abierta?.De tal manera, que yo señalé que una intervención a “puertas abiertas” era mucho mejor que una a “puertas cerradas”
12.- Los directores del Banco Latino fueron igualmente partidarios de ser intervenidos a puertas abiertas, como último recurso, cuando ya todas las propuestas habían sido rechazadas. El anexo número #3 es la proposición presentada por parte de los Directores del Banco Latino, antes de que el Banco fuera excluido de la Cámara de Compensación, ofreciendo entregar el banco a cambio de una intervención a puertas abiertas, poniendo a la orden de sus cargos. Pero la misma no fue aceptada por el Banco Central.
13.- Finalmente, me gustaría puntualizar el esfuerzo del Gobierno para evitar que yo diera mi declaración ante la Corte de lo Contencioso Administrativo.
14.- En marzo de 1995, fui llamado a declarar en el juicio que presento el Dr. Gustavo Gómez López ante la Corte Contencioso Administrativo, demandado la nulidad del decreto de intervención del Banco Latino.
15.- Posteriormente, recibí una llamada del Consultor Legal de la Superintendencia de Bancos, Dr. Rene Des Graves, para fijar una reunión en su oficina. En esa reunión también se encontraba el Dr. Raúl Arrieta, Representante Judicial de la Superintendencia.
16.- En dicha reunión, Des Graves y Arrieta me pidieron que no declarara ante la Corte antes mencionada, porque era en contra de los intereses del Gobierno. Yo me negué a seguir la sugerencia atendiendo a la responsabilidad que me confiere el haber presenciado los hechos que detonaron la crisis financiera. El 3 de Abril de 1995, rendí declaración ante la Corte de lo Contencioso Administrativo. (ver anexo #2)
Yo declaro bajo la penalidad de perjurio que lo dicho es correcto y verdad
A los veinte días del mes de Octubre de 1997, en Caracas.
Roger Urbina.