CONGRESO CULMINÓ INVESTIGACIÓN. EL FISCAL RECIBIÓ INFORME DE REQUIEBRA DEL LATINO
Recortes de prensa sobre esta materia.
http://noticias.eluniversal.com/1998/10/28/28121AA.shtml
Caracas, miércoles 28 de octubre, 1998
Congreso culminó investigación
Fiscal recibió informe de requiebra del Latino
Laura Díaz
El Universal
Caracas.- El diputado Luis Rosendo Hernández acudió ayer ante el fiscal general, Iván Darío Badell, para consignar el informe donde acusa a Gustavo Roosen, Germán García Velutini, Francisco Palma Carrillo, Alfonzo Espinoza y María Eva de Hobaica ‘de ser responsables por la forma como administraron el Banco Latino y condujeron a su requiebra’ malversando los recursos públicos.
Hernández, quien preside la subcomisión especial que estudió el caso del Latino, añadió que el informe contenía ‘todas las pruebas que demuestran las irregularidades que hubo en el manejo de la requiebra de la institución’.
‘Hemos demostrado claramente que hubo ocultamiento de información, se falsearon los balances y se registró un nivel de pérdida que no era el que luego la Superintendencia determinó’ indicó. ‘Se demostraron pérdidas de 46% superior a lo que decía el Latino’.
De acuerdo con la investigación realizada, Gustavo Roosen y Alfonzo Espinoza habrían ocultado la quiebra del banco durante las gestiones de las juntas directivas que ellos presidían e igualmente se alteraron balances y se ocultó la situación negativa del patrimonio, equivalente a 4.630 millones de bolívares.
Asimismo, la subcomisión destacó lo que considera un gasto innecesario y desmedido de aproximadamente 3 mil 697 millones de bolívares en pagos a bufetes y otro tipo de servicios.
Caracas, jueves 13 de agosto, 1998
Irregularidades parlamentarias
Requiebra
Son responsables de la quiebra del latino: Gustavo Roosen, Germán García, Francisco Palma, Alfonzo Espinoza y María de Hobaica. La impericia en sus funciones condujo a que los recursos para la rehabilitación del banco fueran malversados y la rehabilitación no se consiguiera. Balances alterados
El banco se encontraba en quiebra, y esa información se ocultó durante las gestiones de Roosen y Espinoza. Se alterraron sistemáticamente balances y se habría incurrido en la publicación de balances que no reflejaban la verdadera situación patrimonial del instituto en forma reiterada. Se pagaron 100 millones a Sociedad Andersen Consulting, para que estudiara la parte administrativa del banco, pero las fallas continuaron. Ley violada
Durante administración de Roosen se violó Ley que prohíbe que un banco fiduciario efectúe inversiones en empresas donde tengan intereses la institución o sus directivos, en perjuicio de los clientes del banco. Honorarios
Se pagaron honorarios desmedidos e injustificados a abogados del extranjero. El mecanismo de las migraciones fue técnicamente erróneo e inaceptable desde el punto de vista legal. En consecuencia, se incrementaron los gastos de personal y los pagos a directores, para poder atender el crecimiento del banco, al igual que los gastos de publicidad. Hubo delito de encubrimiento por parte de la directiva de Fogade y del BCV, al no denunciar estas irregularidades.
¡Celeridad Salvaguarda!
El presidente del TSS, Nelson Chacón, también recibió la visita del presidente de la comisión de Contraloría de Diputados, Luis Serra Carmona, quien entregó a los magistrados los resultados del ‘Informe parlamentario de la requiebra del Banco Latino’.
Según explicó el diputado, todos los documentos anexos al texto fueron certificados y verificados. ‘Esto explica _añadió_ el que estemos seguros de que existen elementos serios para determinar la responsabilidad de los directivos del Latino en la segunda caída de la institución, después de que fuera intervenida por el Gobierno’.
En este sentido, resaltó la presunta incursión en delito de Gustavo Roosen y Alfonzo Espinoza, acto seguido mencionó a Germán García Velutini, Francisco Palma y María Hobaica.
‘Con la consignación del informe sobre la requiebra del Latino _agregó_ le estamos dando una señal al país, al tiempo que lo están haciendo los tribunales con sus últimas decisiones, a los efectos de demostrar que los hechos graves no quedarán impunes’.
Antes de retirarse, pidió a los magistrados del TSS premura en la emisión del pronunciamiento a favor de los ahorristas y dejó en el aire las siguientes preguntas: ¿Por qué puede prescribir el caso de Gustavo Roosen? ¿Será que él tiene una condición distinta a la de otros venezolanos?
Finalmente se pudo conocer que el documento parlamentario en cuestión también pasará a manos de la Fiscalía y de la Contraloría General.
Ver también:
Irregularidades parlamentarias
Caracas, miércoles 24 de junio, 1998
EEUU no es el foro natural para ventilar la demanda
Venezuela perdió gran parte del juicio contra el Banco Latino
LA REPUBLICA invirtió más de $7 millones en un proceso que quedó disminuido con la decisión del juez Fergunson
Yolanda Ojeda Reyes
El Universal
Caracas.- El juez federal estadounidense del Condado de Dade en Florida, Wilkie D. Fergunson Jr, anunció a la República de Venezuela que la demanda que cursaba contra directores y clientes del Banco Latino en Miami no prosperó y que lo único que será ventilado en esa localidad será lo relativo a las acusaciones que hubiesen afectado al Banco Latino Internacional.
Esto implica una derrota para Fogade y el Estado venezolano, que invirtió 7 millones de dólares en este proceso, el cual hoy se revierte en su contra, tras la decisión tomada por el juez federal. La determinación judicial le da la razón a juristas que alertaron sobre la mala argumentación de la demanda, lo que a la larga se convertiría en una pérdida de tiempo y dinero para el país.
Fue en 1995 cuando el Banco Latino C.A, bajo la presidencia de Gustavo Roosen, demandó por estafa a directores y clientes del Banco Latino en Miami. Luego de tres años, el juez federal fijó la decisión, favoreciendo ampliamente a la defensa de los afectados por la acción judicial.
Los demandantes Banco Latino Caracas, Banco Maracaibo, Fogade y el Consorcio Inversionistas Latino deberán ‘retirar’ gran parte del caso y traerlo a Venezuela. Esto significa que todos los argumentos de estafa presentados en los cargos V, VII y VIII del cuerpo del libelo serán reenviados al país. Solamente será ventilado todo lo relativo al Banco Latino Internacional.
Ahora se abre la siguiente etapa del juicio denominada ‘descubrimiento’, exclusivamente para las acusaciones que afecten al BLI. Allí se presentarán las pruebas.
Cabe recordar que en otra decisión tomada el pasado 10 de junio, el juez Fergunson excluyó del caso, al West Merchant Bank, Arturo Malavé, Adolfo Malavé y María Angélica Pulgar al validar el acuerdo midiatorio que firmaron con Fogade en diciembre de 1997. También fueron excluidos Manuel Arcaya, Jesús Abreu y Rafael Enrique Abreu por la cancelación de la empresa Agrícola La Castellana. Una fuente jurídica explicó que el caso de Miami fue presentado por las operaciones crediticias de los grupos Agrícola La Castellana y Malavé, a la fecha ya ambos grupos han firmado acuerdos de pagos y han cancelado, de manera que ‘el caso está totalmente caído’.
Tras finalizar la audiencia pública, el juez Fergunson manifestó que había esperado porque tenía seguridad de que este caso se resolvería ‘y no estaba equivocado, el caso se ha resuelto’.
Favorecida defensa
Roberto Martínez, quien tuvo aparición especial en nombre de Gustavo Gómez López, precisó que este último continúa sin ser parte del juicio y ‘su presencia sólo se debe a que actúa bajo un régimen jurídico especial para impugnar las falsedades de los demandantes’.
El pasado 22 de abril, la Subcomisión de Contraloría del Congreso aprobó, con el voto salvado del representante de Convergencia, el informe sobre las presuntas irregularidades que condujeron a la requiebra del Banco Latino y al pago de honorarios profesionales a abogados en el extranjero precisamente por la presentación de la demanda que hoy prácticamente queda desestimada y disminuida con la decisión del juez federal. El ente responsabiliza a Francisco Palma Carrillo y a María Eva de Hobaica por autorizar pagos de manera ilegal, comprometiendo su responsabilidad conforme a la Ley de Régimen Cambiario. Igualmente, estableció responsabilidades por el artículo 47 de la Ley de Emergencia Financiera, lo que obliga a los mencionados funcionarios públicos a pagar.
Ver también:
Congreso investigará negociaciones
Caracas, miércoles 24 de junio, 1998
Congreso investigará negociaciones
Ayer, en horas de la tarde, se instaló, en el Congreso Nacional, una comisión especial encargada de investigar las negociaciones que el gobierno nacional lleva a cabo con los banqueros prófugos, quienes intentan acogerse a la figura del acuerdo, a fin de saldar sus deudas y causas pendientes con la justicia a través de esa modalidad jurídica.
En esta primera reunión los integrantes de dicha comisión elaboraron un papel de trabajo, para determinar las materias específicas objeto de análisis e investigación.
Entre las primeras acciones que llevarán a cabo, se invitará a Jesús Petit Da Costa, ex procurador y quien iniciara las primeras negociaciones; a Juan Nepomuceno Garrido, actual titular de la Procuraduría General de la República; Esther de Margulis, presidenta de Fondo de Garantías Económicas Fogade e Iván Darío Badell, fiscal general de la República, entre otros.
Nelson Carrasquero, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, preside la comisión, la cual está integrada por José Antonio Adrián y Emilio López, de Copei; Omar Barboza y Vianney Rodríguez de Acción Democrática; Alí Rodríguez (PPT); Juan José Briceño (MAS); Gilberto Faneites (Convergencia); Luis Rosendo Hernández (Independientes por Venezuela); Jesús Pérez (La Causa R) y Adelso Parra (Renovación). Varios banqueros prófugos han hecho contacto con Fogade y la Procuraduría General de la República, con el objeto de negociar la deuda que tienen con el Estado venezolano a consecuencia de las crisis financieras. La tesis de Esther de Margulis y Juan Nepomuceno Garrido, titulares de estas instituciones, es que es mejor recuperar aunque sea una parte del dinero.
La posibilidad de acogerse a la figura jurídica de acuerdo reparatorio, tipificada en el Código Orgánico Procesal Penal, es estudiada tanto por banqueros como por autoridades. El tema ha sido objeto de polémicas.