Se evidenció que desde 1991, el BCV conocía de la crisis que presentaba el sistema financiero, crisis que ningún órgano competente trató de remediar. Sin embargo, se procede a comienzos de 1994 a la intervención del Banco Latino con la anuencia del presidente de la República, sin un análisis detallado de la situación que presentaba y sin medir o considerar las consecuencias que pudiese traer para el sistema financiero la intervención del segundo banco del país (efecto dominó).

Caracas, jueves 05 de marzo, 1998

Colapso bancario apunta a 6 ex ministros

LA COMISIÓN de Contraloría de Diputados se compromete a finiquitar la investigación parlamentaria en 15 días, para remitirlo a la Cámara Baja, a la Fiscalía y Contraloría General, así como al Tribunal Superior de Salvaguarda, para que se ejerzan las acciones antes de las prescripciones de los lapsos legales

El diputado Rafael Marín arremete contra los responsables de crisis bancaria (Foto archivo)

Alberto de la Cruz

El Universal

Caracas.- El proyecto de informe parlamentario sobre los auxilios financieros señala presunta responsabilidad, por omisión o acción, contra los ex ministros Carlos Rafael Silva, Julio Sosa Rodríguez, Luis Raúl Matos Azócar, Luis Carlos Palacios y Werner Corrales.

También señala a las ex presidentas de Fogade Esperanza Martinó y Norys Aguirre, los ex superintendentes bancarios Roger Urbina y Tesalio Cadenas, el directorio del Banco Central, miembros de la Junta de Emergencia Financiera y el ex comisionado presidencial Gustavo Roosen, entre otros.

El documento se distribuyó ayer a los jefes de las fracciones políticas, para su consideración final dentro de 15 días, según anunció el presidente de la Comisión de Contraloría de Diputados, Rafael Marín, quien recordó que la investigación se inició en mayo de 1994 (a solicitud del diputado David Paravisini), cuando la referida instancia parlamentaria estuvo jefaturada por Paulina Gamus y motorizada por Gonzalo Pérez Hernández.

El informe recomienda a la Cámara de Diputatos remitirlo a la Fiscalía, Contraloría General, Tribunal Superior de Salvaguarda y proponer correctivos legislativos que impidan una repetición de la crisis.

Conclusiones

La conclusiones del informe son:

A pesar de tener conocimiento de la deteriorada situación financiera que atravesaban las entidades financieras, La Guaira, Amazonas, Bancor, Metropolitano, Construcción, Barinas, Maracaibo, y la Sociedad Financiera Fiveca; las cuales en algunos casos presentaban pérdidas totales de su patrimonio, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) no aplicó lo previsto en los artículos 190 y 254 de la Ley General de Bancos, de acuerdo con la época de la concurrencia, en el sentido de acordar la intervención de estas entidades, para lo cual se ameritaba a partir del 1 de enero de 1994 la opinión del BCV y del Consejo Superior de la Sudeban, el cual integran el ministro de Hacienda y los presidentes del BCV y de Fogade.

Se evidenció que desde 1991, el BCV conocía de la crisis que presentaba el sistema financiero, crisis que ningún órgano competente trató de remediar. Sin embargo, se procede a comienzos de 1994 a la intervención del Banco Latino con la anuencia del presidente de la República, sin un análisis detallado de la situación que presentaba y sin medir o considerar las consecuencias que pudiese traer para el sistema financiero la intervención del segundo banco del país (efecto dominó).

Se demuestra que Fogade otorgó los auxilios financieros sin elaborar, conjuntamente con la Sudeban, los correspondientes planes de rehabilitación tal y como lo contempla la Ley de Bancos, ya que estas instituciones no disponían de la información contable sobre la real situación de cada una de las instituciones auxiliadas, y cabe destacar que los planes de rehabilitación presentados fueron elaborados por las propias instituciones auxiliadas.

Se determinó, por información suministrada por Hugo Romero Quintero, presidente encargado del BCV, a la Contraloría General, que la gran mayoría de los auxilios, aproximadamente 80%, fueron destinados a cancelar obligaciones con terceros, empresas relacionadas y a la adquisición de divisas; y 20% restante fue destinado al pago de los depositantes, lo cual desvirtuó la intención del legislador.

Se evidenciaron deficiencias en cuanto a la vigilancia y control de los organismos de supervisión y seguimiento del sistema financiero, ya que se confundió liquidez con insolvencia, de igual modo e inexplicablemente se continuaron otorgando auxilios sin analizar la situación interna y la viabilidad de recuperación de las instituciones auxiliadas; no se restringieron las operaciones con divisas ni tampoco existió un control cualitativo ni cuantitativo de la Cámara de Compensación por parte del BCV, tal y como lo establece el artículo 21 de su ley.

Los auxilios financieros por la cantidad de Bs. 525.245.000.000 otorgados por Fogade a las instituciones financieras posteriormente intervenidas se concedieron con base en los artículos 225 y 314 de la Ley de Bancos, la cantidad de Bs. 513.151.729.065 con apego al primero de los señalados y de BS. 12.094.062.291 atendiendo a lo previsto en el parágrafo único del artículo 314 de la misma ley, destacándose que la mayoría de los trámites efectuados por los entes involucrados en estas operaciones se hicieron el mismo día, es decir, sin que existiesen los análisis previos a las solicitudes de auxilios que permitieran determinar la procedencia de las mismas, y si el monto requerido como auxilio era el necesario y suficiente para cubrir las necesidades de los entes auxiliados. Ni tampoco se realizó el debido análisis de la Cámara de Compensación de esas instituciones a los fines de determinar el correcto uso de las mismas, conforme con la política de Estado, la técnica financiera, ni los supuestos legales.

Funcionarios indiciados

Según la investigación, se establece la conducta irregular, por acción u omisión, de los siguientes funcionarios públicos:

Los ex ministros Carlos Rafael Silva y Julio Sosa Rodríguez.

Roger Urbina, por no haber insistido ante las autoridades competentes para que éstas comprendieran las características estructurales y sistémicas de la crisis, y el ex superintendente Tesalio Cadenas.

Esperanza Martinó y Norys Aguirre, ex presidentas de Fogade, quienes solictaron anticipos al BCV por el artículo 314 de la Ley de Bancos, para conceder auxilios bajo la modalidad de adquisición de bienes muebles e inmuebles (numeral 2 del artículo 230 ejusdem), bajo la figura de la cesión que impone la obligación de valorar el bien cedido, procedimiento que debió realizarse conforme a las normas de la Sudeban.

‘Sin embargo, los bienes cedidos por los banqueros a Fogade, que hubieran permitido resarcirle al patrimonio público las pérdidas que le fueron causadas, no fueron valorados, con lo cual dichos funcionarios infringieron disposiciones de la Ley de Salvaguarda, al permitir que desmejoraran los derechos y acciones a favor de la República’.

Conjuntamente con Martinó y Aguirre, serían solidariamente responsables los miembros de la junta directiva y funcionarios de Fogade que no objetaron expresamente que los respectivos bienes no fueran valorados: Santiago José Rodríguez Marcano, Héctor Gerónimo Valecillos Toros, Josefina del Carmen Torres Delgado, Carlos Alberto Urdaneta Finucci, Ignacio Salvatierra Palacios, Pablo César Guzmán Gómez, Yajaira del Carmen García Pérez, Miguel Rafael Domínguez Chacín, Cándido Marcano Ríos.

Asimismo, se menciona como presuntos responsables a los miembros de la Junta de Emergencia Financiera, quienes no procedieron a intervenir a los bancos receptores de los auxilios, ni aplicaron las sanciones a que había lugar en virtud del reiterado incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones impuestas a los bancos auxiliados.

‘También serían responsables los miembros de la JEP que aprobaron la irregular, ilegal y dañina política de migraciones, como modalidad alterna de auxilio financiero’.

Más de 220 páginas tiene el proyecto de informe de la Comisión de Contraloría, el cual fue organizado en las siguientes secciones:

• Análisis de los antecedentes de la crisis bancaria

• En Referencia al inicio de la averiguación parlamentaria

• Metodología empleada en la investigación

• Análisis de la actuación de cada uno de los organismos relacionados con el manejo de la crisis

• Recopilación de la documentación relacionada con la crisis

• Extracto y valoración de la sentencia de la Corte Suprema en torno a la colisión de dos artículos de la Ley de Bancos

• Recopilación de las declaraciones dadas en las audiencias parlamentarias

• Relato de los hechos investigados (intervenciones, designación de juntas administradoras o interventoras, asignación de auxilios y su uso)

• Análisis de la normativa legal

• Consideraciones políticas

• Conclusiones y recomendaciones